La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ceuta ha dictado un auto en el que prohíbe al exconsejero de Sanidad Javier Guerrero acercarse a menos de 200 metros de “cualquier lugar en el que se encuentren” el director del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza y el responsable de Samu en dichas dependencias.
Tampoco podrá hacerlo el amigo del primero junto al que está imputado por, aparentemente, planear dar una paliza a quienes le señalaban por presuntos abusos de menores.
En realidad Guerrero ya no podía aproximarse a esas instalaciones (y de cualquier otra similar en toda España) desde que quedó en libertad la semana pasada, tal y como acordó el instructor de la causa principal que le mantuvo preso más de 10 meses por supuestos abusos sexuales de menores migrantes solos.
A esa limitación (que se extiende a cualquier menor extranjero no acompañado aquí y en la península) se ha sumado ahora, también a petición de la Fiscalía, la de acercarse “a menos de 200 metros de Julio Rodríguez y R. G. (que ya ha sufrido daños en su vehículo personal) en cualquier lugar en que se encuentren, así como a su domicilio se encuentren o no en el mismo”.
Igualmente el doctor jubilado no podrá comunicarse con ambos “por cualquier medio”.
Guerrero figura como investigado en cuatro sumarios: el principal por supuestos abusos, en el que ha logrado quedar en libertad sin pasaporte previo depósito de 100.000 euros de fianza; este por conspiración de lesiones (nacido de las escuchas realizadas por la Guardia Civil para el anterior);y otros dos por injurias y calumnias en los que ha sido denunciado por Rodríguez y el trabajador de Samu, a los que en septiembre del año pasado acusó de “coaccionar” a niños.
El investigado profirió esas acusaciones cuando, aseveró, tres personas (directamente ligadas a él por distintas vías) las estaban formalizando por escrito (ya sobreseídas dos veces) ante la Policía Nacional.
Uno de los denunciantes es el empleado de Cruz Roja LL.L.M., sobre el que pesa también ahora la misma orden de alejamiento dictada sobre Guerrero.
A finales de 2021 ambos iban en el coche de Guerrero cuando la Guardia Civil les oyó elucubrar sobre cuál sería la mejor manera de mandarles “un recadito” a quienes habían alertado de sus comportamientos impropios con los niños tutelados, a los que daba regalos o dinero en efectivo y recibía en sus consultas pública y privada a escondidas de sus guardadores legales.
El colega del médico sugirió ir de frente, pero al doctor le pareció mejor hacer una advertencia por teléfono y deshacerse de la tarjeta. “Es muy poco para esa gente”, insistió el conductor sobre la necesidad de dar un escarmiento y parar los pies a esos “hijos de puta” que se “inventaban” cosas. Entonces ya no hizo tanto hincapié en la necesidad de una contraprestación económica, sino de recabar información sobre datos, rutas y rutinas.
La Benemérita dio credibilidad a sus intenciones al constatar que los pasos y coartadas barajadas se iban materializando de forma precisa.
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