Los guardias civiles estamos decepcionados con el Gobierno de la Ciudad por apoyar a los conductores de autobuses denunciados por nuestros compañeros. Decepcionados, asombrados y contrariados, porque han oído a la empresa Hadú-Almadraba, a los profesionales y a los representantes de Comisiones Obreras, pero no a los guardias civiles. Conocer una sola versión fue suficiente para construir la sentencia mediática contra los agentes.
Estamos decepcionados como guardias civiles y ciudadanos por el trato diferencial dispensado a la empresa Hadú-Almadraba. Todos nos podemos equivocar, los guardias civiles también, pero existe un procedimiento establecido para valorar si las propuestas de sanción se ajustan o no a derecho. Los ciudadanos conocen perfectamente el procedimiento, saben que pueden presentar un recurso ante la Jefatura Provincial de Tráfico, que dicho organismo traslada las alegaciones a los guardias civiles para que emitan un informe detallado que, posteriormente valora la Jefatura de Tráfico, dando validez o no a la denuncia. Ese es el procedimiento para todos los ciudadanos, no para los conductores de la empresa Hadú-Almadraba.
El consejero de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, señor Javier Guerrero y su equipo de Gobierno -sabe o deben saber- que toda la actividad administrativa debe estar inspirada en la igualdad de todos ante la ley tanto en sentido material como formal. En el caso que nos ocupa no se ha seguido el procedimiento habitual en unas simples denuncias al reglamento de circulación, porque usted no se reúne con otros conductores cuando son sancionados, ni les muestra su apoyo y, mucho menos, promueve reuniones para tratar unas simples denuncias de tráfico.
Para AEGC es difícil de entender que se suspenda un servicio público sin que existan razones extraordinarias o de riesgo para los trabajadores, pero más difícil de entender es que en todo este “conflicto” no hemos oído un solo reproche del equipo de Gobierno a la empresa por dejar sin servicio a miles de ceutíes. Defender el interés general de los usuarios ha quedado subordinado a la defensa los intereses de los conductores o la propia empresa. Corríjanos si nos equivocamos, pero algún procedimiento sancionador existirá para valorar lo acertado o no de la decisión.
Por otro lado, también nos ha sorprendido que en las reuniones mantenidas entre Delegación, Consejería de Sanidad y empresa de autobuses acordaran “velar por la seguridad de los viajeros que utilizan esta línea manteniendo un escrupuloso respeto por las normas de seguridad vial”. Un acuerdo propio de las mejores películas de Groucho Marx, porque no hay que llegar a ningún acuerdo para respetar escrupulosamente las normas de seguridad vial, es una obligación inexcusable y, mucho más, si se trata de conductores o empresas que se dedican al transporte público de viajeros. Nos sorprende este tipo de acuerdo, porque vienen a acordar lo que se estaba haciendo por ley o, al contrario, antes del acuerdo no se velaba por la seguridad de los viajeros y no se respetaban las normas. Por favor, seamos serios.
Los ciudadanos de Ceuta también han tomado partido sobre esta particular forma de resolver los problemas en nuestra bendita tierra. Han mostrado su apoyo a los guardias civiles cuando los medios de comunicación los han requerido para dar su opinión. Declaraciones como “la ley hay que cumplirla o la sobrecarga de la línea que parte de la frontera deja mucho que desear”. Opiniones muy respetables de ciudadanos que usan los servicios públicos.
Cada organización o cargo público lleva consigo unas responsabilidades inherentes. Todas iguales de importantes. Esa es la razón por la que hemos felicitado a la Federación de Transporte de Comisiones Obreras (CCOO), por su innegable compromiso en defensa de los intereses de los trabajadores de la empresa Hadú-Almadraba. Lo hemos hecho de corazón, porque han hecho su trabajo como sindicato, pero permitan decirles que la Administración no ha hecho el suyo, porque lejos de valorar las declaraciones y los expedientes instruidos como es preceptivo, han sembrado dudas sobre la profesionalidad de los guardias civiles.
La igualdad ante la Ley constituye la base fundamental del ordenamiento jurídico en los Estados democráticos. Toda discriminación vulnera el principio de igualdad. La desigualdad carente de una justificación objetiva constituye un trato discriminatorio. La discriminación de su equipo de Gobierno con los ciudadanos y guardias civiles es evidente, porque han dado un trato diferencial a una empresa que ha sido “simplemente denunciada por la Guardia Civil” y además han tomado partido apoyando públicamente a la empresa sin conocer la opinión de los guardias civiles y sus representantes.
Como decía, cada organización debe hacer su función y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), hará y hace la suya, que no es otra que defender los derechos e intereses de los guardias civiles, sin olvidar su compromiso con la Guardia Civil y los ciudadanos. Esa es la razón por la que no podemos permitir que se acuse de acoso a nuestros compañeros, ni que se dé un trato diferencial a ninguna empresa en una materia tan importante como la seguridad vial y, mucho menos, que se cuestione el trabajo de nuestros compañeros.
Estaremos vigilantes, que nadie se asombre cuando conozcan nuestro segundo paso, porque estamos obligados como asociación nacida para defender y proteger a los guardias civiles y sus familias.