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La Guardia Civil detiene en la frontera a una policía local investigada por blanqueo

Agentes de la Guardia Civil han detenido este lunes en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos a una agente de la Policía Local que fue detenida en mayo de 2019 en una operación desarrollada contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. En octubre quedó en libertad al abonar 30.000 euros de fianza, pero en el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 se dispusieron una serie de medidas cautelares, entre ellas el no poder abandonar el país. Al acceder a Ceuta procedente de Marruecos ha incumplido a las claras ese dictamen, incurriendo en un quebrantamiento de medida cautelar por lo que los agentes han procedido a su detención y traslado a dependencias oficiales del Cuerpo. Ahora tendrá que responder en el juzgado de este incumplimiento. La policía local ejerce además de abogada toda vez que ha obtenido el título en este tiempo, conocedora por tanto de las normativas, leyes y contenido de los autos dictados como el que le afecta.

Su pareja, considerado líder de la trama

Su pareja, considerado líder de la trama desmantelada por la Benemérita, está huido desde 2019 y se cree que puede estar escondido precisamente en Marruecos, aunque durante estos años no se ha podido dar con él. La operación, llevada a cabo por la Guardia Civil y liderada por el OCON-SUR, se desarrolló en varias fases incluyendo registros llevados a cabo en distintas barriadas de la ciudad. Al margen de los arrestos llevados a cabo, la Benemérita procedió al decomiso de varios bienes y al bloqueo de cuentas bancarias además de a la intervención de material presuntamente vinculado con la organización. La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha reservado prácticamente todo el mes de octubre y algunos días de noviembre de 2024 para la celebración de uno este juicio que es uno de los más importantes que tendrá lugar en la ciudad con casi 30 acusados.

Las penas

Las penas que en su calificación inicial solicita el Ministerio Fiscal se elevan a hasta 14 años de cárcel por delitos de blanqueo y organización criminal para las personas que sitúa en la cúpula. A ojos del Ministerio Público se había constituido toda una empresa criminal dedicada al blanqueo del dinero procedente del tráfico de drogas contando con la participación de miembros de la misma familia.

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