La Guardia Civil, en el marco de la operación Monybet desarrollada en la provincia de Cádiz, ha desarticulado una organización criminal dedicada a amañar partidos de fútbol para estafar a las operadoras de juego. Hay 34 investigados de los que seis son jugadores profesionales en activo de Tercera División, grupo donde está el filial del Ceuta, y el resto son personas que facilitaban su identidad para hacer funciones de mulas del dinero.
En la operación han sido detenidas cuatro personas, entre las que se encuentran los dos cabecillas y el portero y defensa de un club de fútbol.
Durante los registros realizados se han localizado 16.695 euros en efectivo, varias cuentas de criptomonedas, documentación relacionada con apuestas y gran cantidad de material informático de telefonía móvil y almacenamiento.
La organización habría obtenido beneficios en premios superiores al millón de euros. Además, se estima que habría más de 30.000 personas afectadas por apuestas que realizaron de buena fe.
La operación se inició en febrero del pasado año cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de la Junta Directiva del equipo de fútbol de Conil de la Frontera, que su equipo, que se estaba jugando entrar en fase de ascenso, había jugado un final de temporada incoherente con lo realizado durante la primera fase de la temporada. La directiva había observado que algunos jugadores no estaban actuando con la profesionalidad que los partidos requerían, sospechando que estaban involucrados con apuestas deportivas.
Las primeras investigaciones se centraron en la petición de datos a la Dirección General del Juego, organismo encargado del control de todas las apuestas deportivas realizadas en el territorio nacional, de los datos de todas las apuestas realizadas al Conil C.F. durante la temporada 2021-2022, así como de los apostantes, recibiendo un listado de más de 100.000 apuestas realizadas.
Lo primero que llamó la atención de los investigadores era el aumento desproporcionado de las apuestas realizadas a los partidos de este equipo durante la segunda fase de la temporada, siendo significativo además que el importe apostado en esos partidos era muy superior al del resto de apuestas realizadas a otros partidos de fútbol.
El importe apostado en los partidos de este equipo era totalmente desproporcionado. Mientras que las apuestas realizadas a otros equipos eran entre 1 y 50 euros, las apuestas realizadas al Conil C.F. sobrepasaban, en la mayoría de ocasiones, los 300 euros por apuesta realizada, siendo este el límite que las casas de apuestas permiten realizar a los equipos de Tercera División, motivo por el que los apostantes realizaban varias apuestas repetidas con esta cantidad.
Para tratar de disimular sus actividades, camuflaban las apuestas “jugosas” entre otras apuestas previsibles y sin riesgo alguno para partidos de Primera División y así no despertar las sospechas de las casas de apuestas y que procedieran con el bloqueo de la cuenta. Otro método era el empleo de las denominadas mulas de dinero, es decir, personas que prestaban su identidad como apostantes para que la organización pudiera multiplicar sus beneficios, unas veces a cambio de un porcentaje de los beneficios y otras a cambio de información privilegiada para realizar sus propias apuestas.
Con toda esta información y tras realizar el visionado de los partidos sospechosos, se pudieron observar errores nada comunes en jugadores profesionales de Tercera División, especialmente en los goles recibidos al Conil C.F. Tras las declaraciones realizadas a la plantilla del equipo se pudo constatar que todas las sospechas apuntaban al portero y a un defensa, no descartando que otros dos jugadores pudieran estar también relacionados.
Los cabecillas de la organización que realizaban las apuestas fraudulentas estaban vinculados al mundo del fútbol profesional, realizando labores de asesor de pronósticos deportivos, conocidos como tipster. Estas personas eran un antiguo jugador de otro equipo gaditano y un entrenador de fútbol y tenían comprados al portero y a un defensa del equipo conileño, quienes recibían grandes beneficios por sus acciones o inacciones.
La operación ha sido coordinada por la Guardia Civil en Cádiz y la Fiscalía Anticorrupción de Audiencia Provincial de Cádiz, coordinada por el Juzgado número 3 de Chiclana de la Frontera.
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