El seguimiento para la acogida de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta o Canarias será ejercido por un grupo de trabajo constituido al efecto, tal y como ha hecho público el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
Ese grupo es el que hará el seguimiento y coordinará la ejecución del real decreto ley para la acogida de esos menores en las distintas comunidades autónomas.
La Comisión Interministerial ha dado cuenta además de la reunión mantenida con el Gobierno de Canarias para dar respuesta a los menores solicitantes de protección internacional.
La Comisión Interministerial ha estado presidida por el ministro Ángel Víctor Torres y fruto de la misma se ha dado el paso de aprobar ese grupo del que se derivará el seguimiento y coordinación precisos para la ejecución del real decreto ley.
Una suerte de actuaciones que supone la primera ejecución de medidas urgentes para garantizar el interés superior del menor ante “situaciones de contingencias migratorias extraordinarias”.
Precisamente son esas situaciones las que están afectando sobremanera a Canarias, pero también a Ceuta.
Ese grupo de trabajo tendrá la encomienda de coordinar los trabajos de la comisión interministerial para solicitar a las distintas comunidades autónomas la presentación de datos sobre los recursos autonómicos de acogida.
También sobre la capacidad y ocupación de plazas por parte de los menores y adolescentes que hayan llegado a esos territorios que hoy por hoy soportan una mayor presión, como es el caso de Canarias y Ceuta.
De igual manera trabajarán sobre la aclaración de cualquier tipo de dato que haya sido aportado.
En la Comisión Interministerial se ha dado cuenta de la reunión que se mantuvo el pasado jueves con el presidente de Canarias para abordar, en colaboración y coordinación interadministrativa, la acogida de menores y solicitantes de protección internacional, dando cumplimiento así a las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo.
El posicionamiento fijado por la justicia es el que deberá cumplirse con estos menores, medida que afecta directamente a Canarias.
El grupo de trabajo lo componen desde la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que de hecho lo preside, hasta las personas titulares de las subsecretarías de los ministerios de Asuntos Exteriores, Presidencia, Interior, Política Territorial o Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros.
Son vocales las personas titulares de la Abogacía del Estado, de la Dirección de Régimen Jurídico Autonómico y Local y de la Dirección General de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
La secretaría la desempeñará la persona funcionaria del Ministerio de Infancia y Juventud designada por la Comisión.
Ceuta ha respaldado las medidas del Gobierno para, vía real decreto, favorecer el traslado de los menores desde los territorios más afectados por la presión migratoria.
Ahí se incluye Ceuta, toda vez que la propia Ciudad se ha visto obligada a habilitar recursos extraordinarios para dar cabida a los menores llegados.
Así fue, por ejemplo, la dispensa de naves en el Tarajal, transformadas en puntos de acogida temporales o la explanada ocupada en Piniers colocando distintos habitáculos en forma de iglús.
A diferencia de la postura mantenida por el PP a nivel nacional, el Gobierno de Ceuta ha insistido en la necesaria reforma de la ley de extranjería para ordenar la obligatoriedad de traslados de menores a los demás territorios peninsulares, al tratarse de un asunto que afecta en materia de inmigración y es competencia nacional.
El Gobierno nacional es partidario de esos pasos, pero la oposición frontal de las formaciones ha llevado a una situación de auténtico bloqueo.
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