Greenpeace denuncia el daño de la ampliación del puerto ceutí

En su último informe de ‘Destrucción a toda costa’ insta al Estado a frenar el exceso de proyectos portuarios que genera un importante coste medioambiental

La organización ecologista Greenpeace asegura en  el nuevo informe de Destrucción a toda costa, que la tercera fase del puerto de Ceuta costará 26 veces más de lo que invierte el Ministerio de Medio Ambiente para la conservación de especies amenazadas y que la ampliación del de Melilla requerirá 300 millones, cuatro veces el presupuesto del hospital universitario. Con esas cifras, Greenpeace ha denunciado “el sinsentido económico y medio ambiental” de las ampliaciones de los puertos de ambas ciudades autónomas.
Los ecologistas, tras analizar la situación, piden un cambio de modelo de desarrollo en las políticas portuarias estatales y reclama urgentemente una moratoria a las nuevas obras de ampliación, especialmente en los casos de ampliación de Ceuta y Melilla. “Aún estamos a tiempo de llegar a buen puerto, por eso es necesario poner fin a este sinsentido portuario”, explican en un comunicado.
Para la organización ecologista, además, se debe aprobar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa que armonice todas las actividades en la franja costera, poner  freno a los fondos europeos que financian infraestructuras de gran impacto ambiental, aprobar una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos que evalúe no solo el impacto de las dársenas sino sus estructuras asociadas como los accesos terrestres y, por último, que se apueste por una reforma fiscal verde para que las actividades más dañinas sobre el litoral tengan un coste extra.
En el informe se constata cómo el fin de la burbuja inmobiliaria no ha supuesto el final del crecimiento desproporcionado de las infraestructuras portuarias muchas de las cuales surgieron a la sombra del desarrollo urbanístico. Por el contrario, se está formando una “burbuja infraestructural”, con un exceso de proyectos portuarios sin justificación económica pero con un alto coste medioambiental, y que en ocasiones están asociados a la especulación del suelo  u operaciones de dudosa legalidad.
Actualmente, el organismo público Puertos del Estado ocupa más de 200 kilómetros con sus dársenas y muelles (la distancia entre Valencia y Mallorca), lo cual no es impedimento para que 20 de las 28 autoridades portuarias existentes en España (que dependen de Puertos del Estado y que gestionan los Puertos de Interés General) estén ejecutado o tengan proyectos de ampliación de sus instalaciones. Hasta el momento, el exceso de obras se ha justificado con el argumento de un posible negocio futuro sin que se haya tenido en cuenta ni el descenso de la actividad portuaria ni las lecciones de la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Solo en 2010, el Ministerio de Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias. Así doce puertos de Interés General gestionados por las diferentes autoridades portuarias están en obras y otros 14 proyectan ampliaciones que implican ganar terreno al mar. Esto no concuerda con la política de racionalización de infraestructuras que defiende el Ministerio de Fomento.