González no incurre en incompatibilidad

Los socialistas llevaron el caso del diputado a la sesión plenaria y el Ejecutivo les dijo que los informes jurídicos pedidos por el recurso presentado por una de las empresas niega cualquier tipo de problema.

os servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma han realizado un informe en relación con el recurso presentado por una de las empresas que acudieron al concurso del contrato de servicio público de la planta de transferencia de residuos, el cual se basaba en la posible incompatibilidad del diputado González Pérez ante la relación que el mismo tiene con la empresa naviera Stamp que será la encargada del transporte de la basura a la Península.
Pues bien, tal y como informó el consejero de Hacienda y responsable del área de Contratación en el citado escrito ya se indica que no hay ninguna compatibilidad por parte del parlamentario ceutí.
El asunto de la presunta incompatibilidad del diputado llegó al pleno de la Asamblea como consecuencia de una moción de urgencia presentada por el PSOE, basada en una rueda de prensa ofrecida el día anterior por el secretario general de los socialistas, José Antonio Carracao.
Se da la circunstancia que la base de esta denuncia del PSOE es la misma que la argumentada por la empresa que se presentó al concurso público y que no resultó con la adjudicación provisional.

Presentación
Para el mismo Francisco Márquez, la presentación de esa moción de urgencia era un acto de irresponsabilidad por parte de los socialistas y dejó bien claro que en todo momento el procedimiento ha sido transparente, al igual que todas las adjudicaciones que se realizan en la mesa de contratación.
Inmediatamente comenzó a desgranar deteminadas incorreciones realizadas por los socialistas, en el sentido de que la adjudicación de este contrato no era de cincuenta y cuatro millones de euros, sino de veintisiete millones, justo el cincuenta por ciento.
Además, les añadió que pedían en la moción de urgencia que se paralizara el procedimiento, “circunstancia que siempre se produce cuando una de las empresas que se presentan pone encima de la mesa un recurso. La paralización dura el tiempo de resolución”.
De todas maneras, en respuesta a la diputada socialista, Inmaculada Ramírez, le indicó que no era nada extraño que una empresa que no resulta con la adjudicación en cualquier concurso presente un recurso.
Igualmente, en referencia al artículo que utilizaban para hablar de la posible incompatibilidad del diputado, el 159,2 de la LOREG le espetó que “leen hasta donde les conviene y no se producen las causas para no poder contratar”.
Acusó a los socialistas de tirar la piedra y esconder la mano, “porque su secretario general habló de que el tema de la basura huele mal en relación al Partido Popular y no les vamos a permitir que siembren la duda y prácticas irregulares ni hacia este equipo de gobierno, ni hacia el parlamentario de nuestra ciudad, que es un representante de todos los ceutíes”.  

Imputación
Igualmente, reconoció el consejero de Hacienda que por parte de los socialistas se atentaba veladamente y que no eran capaz de imputar a las claras.
Todas sus conclusiones fueron para demostrar, según su punto de vista, que no hay ninguna polémica en la adjudicación provisional que se había hecho y que la única polémica era la artificial creada directamente por el secretario general de los socialistas, José Antonio Carracao y por la portavoz en la Asamblea, Inmaculada Ramírez, al defender la moción en la Asamblea.
Ahora, la mesa de contratación deberá resolver en las próximas semanas el recurso presentada por esta empresa, pero con los informes que ya se conocen, con toda probabilidad, será rechazado.

El PSOE dijo que era un contrato con polémica

La moción presentada por el grupo parlamentario socialista indicaba que recientemente se había hecho pública la adjudicación provisional del contrato del servicio público de la planta de transferencia de residuos. Añadían que la adjudicación no estaba exenta de polémica, “porque como hemos conocido parece ser que otras empresas interesadas en el concurso han planteado recurso contra la decisión de la mesa de contratación”.
Reflejan que entendían que la presencia del diputado nacional, González Pérez como consejero de la empresa Stamp, añade “nuevas irregularidades al proceso de adjudicación. Con fecha de entrada de registro, el quince de febrero de 2010, el señor González modificó su Registro de Intereses, público a través de la web del Congreso, para incluir esta nueva circunstancia, poco tiempo antes de la publicación del inicio del proceso de adjudicación, que data del dieciseis de abril de 2010”.

Añaden que la empresa adjudicataria del contrato, con carácter provisional, lo tiene por un valor de más de cincuenta y cuatro millones de euros, “e incluye en su oferta la subcontrata de la naviera Stamp para el servicio de transporte de los residuos a la Península como queda recogido en el expediente. Por lo que es notoria la incompatibilidad del diputado de conformidad con lo establecido en el artículo 159.2 de la Ley de Régimen Electoral General y el artículo 219 de la Ley de Contratos del Sector Público”.
Es por lo que solicitaban al pleno de la Asamblea la paralización y revisión del proceso de adjudicación del contrato de servicio público de la planta de transferencia de residuos.
En la argumentación efectuada por la portavoz socialista al consejero de Hacienda le indicó que había defendido con mucha vehemencia esta cuestión y que desconocía los motivos por los cuales lo había hecho.
Negó todas las acusaciones del portavoz popular para reflejar que no se habían escondido en ningún momento, en el sentido de que “si nos tiramos a la piscina y nos encontramos que no hay agua, será un problema nuestro”.
Reflejó la diputada que la incompatibilidad estaba ahí, puesto que figura como consejero de la empresa y no puede intervenir en una serie de contratos.

La moción fue rechazada

La moción presentada por los socialistas fue rechazada con los votos del Partido Popular, la abstención de los diputados de la Unión Demócrata Ceutí y del grupo mixto y el único voto favorable fue la portavoz socialista, Inmaculada Ramírez.
Se dió la circunstancia que el mismo presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, se vió en la obligación de intervenir durante la última intervención de Ramírez para señalarle que se estaba saliendo del orden del día y que procurara no hacerlo, porque desde los bancos del grupo popular iba a ser imposible la contestación, ya que ella misma era la encargada de cerrar el debate como consecuencia de ser la proponente.