Con la detención de 43 personas en la provincia de Málaga, agentes
de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que presuntamente se dedicaba a la explotación laboral y a la
regularización fraudulenta de inmigrantes, en su mayoría ciudadanos marroquíes que se encontraban en situación irregular, desconociéndose hasta los momentos si alguno habría entrado al país
por Ceuta. Entre los arrestados, de diversas nacionalidades, se encuentran
los líderes del grupo. Adicionalmente se han registrado cuatro domicilios en la provincia de Málaga donde se han intervenido 56.985 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y abundante documentación relevante para la investigación.
Desde la Dirección General de la Policía Nacional han informado que una parte de estas personas estaban alojadas “en condiciones infrahumanas” en casas propiedad de la organización. El entramado, que estaba formado por al menos siete empresas del sector agrícola, “también facilitaba la comisión de diversos fraudes a la Seguridad Social y la regularización de fraudulenta de migrantes mediante contratos de trabajo ficticios a cambio de cantidades de dinero que alcanzaban los 3.000 euros”, han señalado.
La investigación comenzó el pasado mes de noviembre
Respecto a la investigación, han indicado que esta comienzo en el mes de noviembre del año pasado “gracias a una información recibida desde la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, que advertía de la existencia de varias empresas del sector agrícola, ubicadas en la provincia malagueña, que estarían utilizando su actividad legal para ocultar la comisión de varios delitos”. Tras las múltiples pesquisas que llevaron a cabo los agentes se pudo constatar que las empresas en cuestión “eran utilizadas por los líderes del grupo desarticulado para explotar laboralmente a ciudadanos de origen marroquí”. Esto, “aprovechándose de su situación de necesidad y de la falta de permiso de residencia y trabajo”.
La Policía Nacional ha explicado que el entramado “presentaba a estos trabajadores ante las administraciones laborales con las identidades de otros ciudadanos extranjeros que sí estaban en situación regular en nuestro país”. Asimismo, ha agregado que “A través de estas empresas también se formalizaban contratos de trabajo ficticios con migrantes que, previo pago de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros, conseguían regularizar su situación mediante la obtención o renovación de permisos de residencia y trabajo, y que además les permitía de manera fraudulenta cotizar en la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones”.
Tras las averiguaciones realizadas, “los investigadores consideran que las empresas analizadas también podían estar cometiendo diversos fraudes tributarios relacionados con los impuestos del IVA, IRPF e impuesto de sociedades, y que el grupo criminal contaba con la colaboración de varios empleados de una gestoría y una abogada”. Además de la mencionada colaboración de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, durante la investigación los agentes han contado igualmente con el apoyo de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Málaga.