Gobierno y Ciudad prorrogan el convenio de ayuda a inmigrantes

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración, acordó el pasado mes de marzo destinar a Ceuta 381.551 euros para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes, así como de su refuerzo educativo. Mediante este acuerdo se atiende al convenio de colaboración suscrito en 2005 entre el Ministerio de Trabajo y la Ciudad de Ceuta, cuya prórroga para 2011 apareció recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 2 de julio. El coste total de las actuaciones de este acuerdo es de 1.002.000 euros, aportando la Ciudad 620.449 euros con cargo a la dotación presupuestaria.
El acuerdo de prórroga para 2011 del convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Ciudad Autónoma en materia de actuaciones de acogida e integración de inmigrantes fue firmado el pasado 19 de mayo por Anna Terrón y Cusí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración y la consejera Rabea Mohamed.
El convenio es el resultado del marco de cooperación para la gestión del Fondo de Integración examinado en la reunión del 22 de febrero de 2011, de la Conferencia Sectorial del  Inmigración, que es el órgano colegiado de coordinación y cooperación entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en las actuaciones con incidencia en la política de integración de los inmigrantes.
Con esta dotación presupuestaria, se pretende financiar la actuación que realice la Ciudad Autónoma para fomentar el desarrollo de políticas de integración de las personas inmigrantes en los ámbitos de acogida, integración en los ejes de empleo, vivienda, servicios sociales, salud, infancia y juventud, igualdad de trato, mujer, participación, sensibilización y desarrollo y refuerzo educativo.
El papel de las administraciones públicas en el ámbito de las políticas de integración de los inmigrantes viene delimitado por la Constitución Española que atribuye al Estado competencias exclusivas en materia de inmigración, y a las comunidades autónomas y entidades locales, competencias en áreas clave para la integración, tales como el empleo, la educación, la salud, los servicios sociales o la participación cívica.
El aumento de los flujos migratorios hacia España en los últimos años ha supuesto un incremento importante de la población atendida por los diferentes servicios públicos, con los correspondientes efectos sobre la planificación, desarrollo y financiación de políticas sobre las que las Comunidades Autónomas cuentan con competencias.