El Gobierno recuerda a Vox que no instaurará el ‘pin parental’ en Ceuta

Un año después de que la propuesta se aprobara en la Asamblea de Ceuta, la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha vuelto a preguntar al Gobierno central sobre el conocido popularmente como 'pin parental'. Se trata de la iniciativa que pretende que se necesite consentimiento expreso de los padres o tutores para cualquier actividad con contenido de valores éticos, morales, sociales o cívicos.

La Asamblea de Ceuta aprobaba en enero de 2020 la propuesta de Vox para instar al Gobierno nacional, que ostenta las competencias en Educación, a implantar el conocido como ‘pin parental’ en los centros educativos de la ciudad. Y en este sentido, Merelo interpelaba al Ejecutivo para conocer, si un año después de que se aprobara la propuesta en la Asamblea ceutí, iba a instaurar la necesidad de requerir una autorización a los padres para actividades como charlas de contenido ideológico.

Sin embargo, el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ya ha manifestado su voluntad de no aplicar el ‘pin parental' y así lo volvió a recordar la senadora de Vox, como ya hizo hace meses cuando la polémica surgió en al Andalucía a costa de los pactos políticos de la comunidad.

Por otro lado, la senadora de Vox por Ceuta, Yolanda Merelo, ha registrado otra pregunta al Ejecutivo con el objetivo de comprender por qué no se utiliza la herramienta jurídica del Real Decreto para garantizar la igualdad del derecho al voto de todos los españoles con independencia de donde residan. Merelo recuerda que en febrero, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad derogar el voto rogado. Sin embargo, “llama la atención que, con las elecciones a la Asamblea de Madrid en mayo, el Ejecutivo no haya agilizado este proceso”. Y argumenta que el actual Gobierno “ha sido noticia en numerosas ocasiones por abusar de los Reales Decretos”, pero “para garantizar el derecho al voto de los emigrados no se está dando prisa”.

Se trata, reprueba la senadora de Vox de que el voto rogado supone “una merma en los derechos de los emigrantes españoles y una clara desigualdad respecto a los españoles residentes en territorio Nacional”. Todo ello, pese a que desde que PP y PSOE pactaron una reforma de la Ley Electoral (LOREG) -que fue apoyada en aquel momento por CiU y PNV-, la participación de los españoles emigrados en las elecciones ha caído como consecuencia de esta traba burocrática.