El Gobierno ve más contras que pros en la entrada en la Unión Aduanera

• Opina que no facilitaría “per se” el comercio con Marruecos y podría complicarlo con la Península

El Gobierno de Mariano Rajoy no ve claro que Ceuta y Melilla se integren en la Unión Aduanera. Desde su punto de vista, según ha explicado en su respuesta a una pregunta de Salvador de la Encina y otros diputados socialistas, podría traer más inconvenientes que ventajas. “Las ciudades autónomas ya tienen la consideración de territorios francos con inexistencia de derechos arancelarios ni restricciones al comercio de importación-exportación de mercancías, por lo que establecer zonas francas dentro del territorio aduanero”, estima el Ejecutivo central, “no supondría ‘per se’ un cambio que pudiera facilitar el comercio con Marruecos y podría afectar, en aplicación a la normativa aduanera comunitaria, a los intercambios comerciales entre ambas y la Península”.

En su contestación, el Gobierno del PP recuerda que Ceuta y Melilla “gozan de un régimen especial establecido en el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas”. En el mismo documento quedó recogido que las ciudades autónomas podrían, “a petición de España” y “previa consulta al Parlamento europeo”, si el Consejo de Europa lo aprueba, integrarse en la Unión Aduanera “y definir las medidas apropiadas para extender a ellas las disposiciones vigentes del Derecho comunitario”.

En ese marco, el Gobierno advierte de que “su integración implica la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países”.

También deberían integrarse “en las políticas comunes de la UE, especialmente en la política comercial común, cuyos instrumentos más importantes los constituyen la aplicación de la legislación aduanera común, los instrumentos de defensa comercial contra prácticas ilícitas o los regímenes de preferencias comerciales”.

“Cabe recordar”, añade el Gobierno central, que en la legislación de 1955 sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las dos ciudades “se declaró a ambas territorio franco a efectos aduaneros y se estableció el principio de libertad comercial en la entrada, salida, tránsito y transbordo de mercancías”.

“¿Habría más riqueza y más empleo?”

Salvador de la Encina y otros cinco diputados del PSOE preguntaron al Gobierno central, que les acaba de contestar, si ha previsto solicitar a la Comisión Europea la inclusión de Ceuta y Melilla en el territorio aduanero de la UE. También plantearon si considera que “hacer de Ceuta y Melilla zonas francas dentro de la Unión Aduanera al eliminar los aranceles y otorgar a Melilla [que sí cuenta con aduana comercial]el mismo trato preferencial que tiene el resto de la UE facilitará el comercio regular y legal con Marruecos”. Para terminar, preguntaron si a ojos del Estado “el comercio se vería potenciado, generando más riqueza y más empleo”.

La petición de integración, paralizada desde hace cuatro años

La Ponencia de estudio sobre las especificidades de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y su situación ante la Unión Europea constituida en las Cortes Generales concluyó hace cinco años y medio que “el estatus de territorio franco” había dejado de ser “el principal soporte de la estructura económica de ambas ciudades” y que “el generalizado desmantelamiento arancelario del entorno aconseja la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera Común, siempre que se mantengan y actualicen el resto de peculiaridades fiscales, y que tal integración no perjudique el mantenimiento de actividades amparadas en la actual condición de territorio franco”.

Por ello se recomendó tramitar una solicitud de integración en la Unión Aduanera “compatible con el REF” y que no perjudicase “las actividades económicas actuales”.

En diciembre de 2011, el Pleno se posicionó por unanimidad en esa misma línea pero dos años después, tras reunirse con el actual portavoz del Gobierno central, entonces secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, Vivas decidió congelar cualquier paso en ese sentido hasta no tener la “certeza” de que todos los países darían su visto bueno “sin perder ninguna de nuestras especificidades económicas y fiscales, que no son un privilegio sino un derecho”.