Después de las movilizaciones promovidas por los sindicatos y de que la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, reconociese que ha habido malentendidos entre ambas partes, las centrales y la Ciudad se volverán a sentar a negociar.
Así lo acordaron las partes implicadas y tendrán la primera toma de contacto el próximo jueves 22 de marzo, cuando se volverá a conformar una mesa negociadora para abordar dos temas de vital importancia para los sindicatos y la Administración: la Relación de Puestos de Trabajo y las consolidaciones.
En cuanto al primer punto, los sindicatos reivindicaban que se anulara la mesa de trabajo en la que supuestamente, el pasado lunes, se aprobó de manera “unilateral” la RPT, solicitud a la cual ha accedido la consejería.
Por ello, las negociaciones para lograr un acuerdo en la RPT empiezan desde cero. Los sindicatos han explicado que hacer una RPT “completa” va a llevar tiempo, teniendo en cuenta la complejidad e importancia del documento, por lo que dudan que haya una acuerdo antes del 2 de mayo, cuando se reune la Comisión Técnica de Valoración de la RPT.
No obstante, ambas partes han declarado que se le va a dedicar el tiempo necesario para elaborar y consensuar una RPT favorable para todos. En lo que las centrales exigen una mayor premura es en el calendario de las consolidaciones, otro de los temas expuestos en la reunión de ayer y que se prevé tratar de manera prioritaria en la reunión del próximo jueves.
En varias ocasiones, los tres sindicatos reclamaron que a este tema, el cual sólo está a la espera de fijar el orden y el calendario para la salida de las 360 plazas de consolidación, no se le había dado continuación y criticaron que en las dos anteriores reuniones de la mesa de negociación, se había incluido en el orden del día, pero que la Ciudad finalmente había suprimido de la negociación.
Por ello, el próximo día 22, Chandiramani recibirá una propuesta consensuada por las tres centrales sindicales en la que se detalla un orden concreto para poder consolidar 360 plazas de empleados públicos que, en algunos casos, llevan esperando estabilizar su situación desde hace más de 20 años.
Los sindicatos creen que las concentraciones y las quejas vertidas sobre el actuar de la Administración han surtido efecto, pero haro quieren “ver hechos” y que estos compromisos no se queden en palabras que luego no se lleguen a ejecutar.
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