El director general de Hacienda y Presupuestos del Gobierno de Ceuta, Juan Manuel de la Torre, ha participado este pasado martes en la reunión constitutiva del grupo técnico que la consejera Kissy Chandiramani acordó crear con los sindicatos representativos en la Ciudad Autónoma para analizar si la administración local puede volver a hacer aportaciones al Plan de Pensiones de sus trabajadores sin vulnerar las limitaciones legales de incremento de la masa salarial y si es factible poner en marcha una alternativa a los premios de jubilación declarados ilegales.
Ambas partes han acordado volver a verse después de Semana Santa para centrarse en el segundo de esos asuntos.
Por parte de la administración también han acudido al encuentro, además de De la Torre, dos personas con un marcado perfil técnico, entre ellas la secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla. Por parte de cada central se personaron dos representantes de cada una (UGT, CCOO y CSIF).
Gobierno y parte social pactaron a principios de marzo dejar en manos de los técnicos el “estudio” de “una forma de compensación a todos los empleados públicos conforme a la legalidad vigente” cuando dejan de trabajar “dada la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los premios de jubilación y el dictamen reciente del Consejo de Estado al respecto”.
Ambos se oponen a pagar “un hecho natural e inevitable como es la extinción de la relación funcionarial” y entienden que los pagos anulados no tenían “carácter asistencial, pues su naturaleza es remuneratoria”; y carecían “de cobertura en norma legal de alcance general, de manera que puede concluirse que están incursos en nulidad de pleno derecho”.
Comisiones Obreras ha propuesto sustituirlos por un Plan de Productividad y UGT y CSIF, por unos de “Premios de Fidelidad y Permanencia” que reporten a los empleados hasta 70.000 euros al dejar de trabajar.
Este mismo grupo se encargará de “dirimir la aplicación” de la contribución al Plan de Pensiones del personal de la Ciudad, cuya partida de 220.000 euros se va a mantener en los Presupuestos.
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