El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, ha arropado este lunes de nuevo a su vicepresidenta Primera, Mabel Deu, encausada por un presunto delito de prevaricación continuada en la deportación de 55 menores marroquíes no acompañados en agosto de 2021 al margen de lo previsto en la legislación española, y ha defendido que “actuó de buena fe” y “convencida” de que podía utilizar un acuerdo bilateral de 2007 “en una situación de emergencia insostenible”.
“Acatamos y respetamos las resoluciones judiciales”, ha asegurado Gaitán en declaraciones a los medios sobre el auto firmado el pasado viernes por la jueza instructora de la causa abierta contra Deu y la exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos, “pero hasta el momento no hay ninguna condena ni el asunto está juzgado”.
El también consejero de Sanidad ha recalcado que el Ejecutivo autonómico está convencido de que su homóloga de Presidencia “actuó de buena fe, segura de que el convenio suscrito [entre España y Marruecos] habilitaba los retornos en interés del menor y atendiendo a la situación de emergencia insostenible para la ciudad de aquellos momentos” tras la crisis migratoria acontecida en mayo del año pasado que dejó más de mil niños migrantes sin compañía en la localidad española.
“El presidente de la Ciudad [Juan Vivas] ha reiterado que Deu cuenta con todo su apoyo y con el de todo el Gobierno, así como que conocía y autorizó las actuaciones llevadas a cabo por la vicepresidenta Primera”, ha añadido Gaitán, que en julio se hizo cargo también de las competencias en materia de Menores.
Fuentes del PP de Ceuta han explicado que será su Comité de Derechos y Garantías el que analizará la situación en la que queda la encausada tras su procesamiento. El Reglamento de Régimen Disciplinario del partido prevé la suspensión provisional de afiliación “de manera automática” cuando un afiliado “esté incurso en un proceso penal en el que se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción”, matiz este último que según las fuentes consultadas por Europa Press podría eximir de su aplicación a la política ceutí.
Según la jueza, Deu fue “cooperadora necesaria” para que Mateos pudiese “proceder a entregar a Marruecos a los menores bajo su guarda prescindiendo, a sabiendas, de cualquier procedimiento y del dictado de la preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores”.
Ambas habrían obviado de manera “flagrante” y “grosera” la aplicación de la Ley de Extranjería y violado la Constitución Española, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
“Con su arbitrario proceder hicieron absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que la legislación les atribuía en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo su integridad física y moral, ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad”, ha concluido la magistrada, ya que “ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales”.
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