El Gobierno central que preside Pedro Sánchez no descarta haber “subvencionado” con fondos propios o de la Unión Europea los alambres con cuchillas, las
concertinas, colocadas por
Marruecos en la valla
desplegada en paralelo a la española desde Beliones hasta los polígonos del Tarajal. El diputado vasco Jon Iñarritu (Bildu) le interpeló por escrito expresamente sobre ese detalle y su respuesta ha sido, implícitamente favorable, según la interpretación que de la misma hizo este martes el propio parlamentario.
“El Gobierno conoce el motivo y objetivo de la ayuda mencionada, ya que fue aprobada en Consejo de Ministros: se trata”, ha precisado el Ejecutivo del PSOE y Podemos, “de una de cooperación policial internacional para contribuir a sufragar los gastos incurridos en los despliegues operativos, junto con los gastos de mantenimiento de los materiales empleados por los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la vigilancia de fronteras y en la lucha contra la inmigración irregular que tiene como destino las costas españolas”.
Iñarritu también preguntó al Gobierno central por su opinión sobre la instalación de esas alambradas con cuchillas, el mismo sistema que Interior empezó a retirar de la española a finales del año pasado alegando que ya no es útil para contener los intentos de salto de migrantes en grupo, y por si “ha solicitado su retirada” o piensa hacerlo.
“Marruecos es un Estado soberano y es signatario de la Convención de Ginebra de 1951, acuerdo de sede firmado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el 20 de julio de 2007”, ha contestado el Ejecutivo de Sánchez, que también ha puesto de relieve que el país vecino “tiene una relación privilegiada con la Unión Europea” y que hace ahora casi seis años y medio, en septiembre de 2013, “adoptó una nueva política en materia de inmigración y asilo que obtuvo el apoyo de la propia Comisión Europea”.
Una “ayuda de cooperación” por 32,3 millones
El Consejo de Ministros adoptó con el Gobierno en funciones el 23 de agosto del año pasado un acuerdo en virtud del cual se autorizó la concesión de “una ayuda de cooperación policial internacional para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de inmigrantes y la trata de seres humanos”.
El importe de la misma alcanzó los 32,3 millones de euros.