El Gobierno quiere reformar la Ley de Asilo y de la Ley de Extranjería tras la crisis migratoria registrada en Ceuta, con el objetivo de adaptar el marco legal a las nuevas circunstancias surgidas durante las últimas semanas, así lo ha anunciado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno ha dado luz verde este martes a los anteproyectos de ley de asilo y de reforma de la ley de extranjería con un "enfoque garantista" de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y con el objetivo de responder "mejor" a la realidad del "fenómeno migratorio".
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta ambos anteproyectos para adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo que se aprobó en 2024, según ha informado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Las iniciativas, aprobadas tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta con la entrada masiva de miles de personas el 30 y 31 de julio, buscan contar "con un sistema de protección mas ágil, eficaz, ordenado y garantista que responda mejor a la realidad del fenómeno migratorio sin reducir las garantías de personas solicitantes y beneficiarias".
La situación vivida en la ciudad autónoma ha puesto de nuevo el foco sobre la normativa que regula la entrada irregular de inmigrantes, la protección internacional y los procedimientos de devolución, al tiempo que ha evidenciado las dificultades existentes para gestionar una llegada masiva de personas en un territorio con recursos limitados.
La reforma planteada por el Ejecutivo supone así un cambio en la respuesta legislativa a la presión migratoria y busca dotar de mayor capacidad de actuación a las administraciones encargadas de gestionar estas situaciones. Ceuta se convierte de este modo en el escenario que ha acelerado una revisión de la legislación migratoria española, después de una crisis que ha obligado a replantear los mecanismos actualmente disponibles.
El Gobierno pretende que las modificaciones permitan mejorar la respuesta ante situaciones similares y establecer un marco jurídico adaptado a las circunstancias que se han puesto de manifiesto durante la crisis de Ceuta. La revisión afecta tanto a la normativa de extranjería como a la relacionada con el derecho de asilo, dos ámbitos estrechamente vinculados a la gestión de los movimientos migratorios.
La reforma llega después de que la crisis registrada en la ciudad autónoma haya situado la política migratoria en el centro del debate y haya obligado a las distintas administraciones a afrontar una situación de especial complejidad. El nuevo escenario plantea la necesidad de combinar el control de las entradas irregulares con el cumplimiento de las garantías reconocidas a las personas que solicitan protección internacional.
Con esta modificación legislativa, el Ejecutivo busca extraer consecuencias de lo ocurrido en Ceuta y trasladarlas al marco legal, de manera que la legislación pueda ofrecer una respuesta más adecuada ante episodios de presión migratoria. La crisis de la ciudad autónoma marca así un punto de inflexión en el debate sobre la política migratoria y abre una nueva etapa en la regulación de la extranjería y el asilo en España.
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