A los vecinos de González de la Vega se les ha agotado el plazo para desalojar sus viviendas de forma voluntaria. La Ciudad les dio un periodo de dos meses para abandonar el edificio y, agotado el mismo, y después de que la Policía Local constatara que cinco familias se negaban a abandonar el inmueble, los servicios técnicos acordaron una prórroga de cinco días para desalojar las casas, aunque los vecinos se volvieron a negar a hacerlo. Agotados los preavisos, la Ciudad ha optado por acudir a la vía judicial. “No se trata de un desahucio administrativo, sino de un desahucio civil. La demanda se presentará los primeros días de septiembre para que el juez determine lo que corresponda”, explicó el portavoz del Ejecutivo en funciones, Néstor García, durante el Consejo de Gobierno celebrado ayer. Hasta tres informes técnicos han avalado el deplorable estado del inmueble “con riesgo incluso para las personas que viven ahí”, añadió García, y ahora es necesario elaborar un estudio patológico para determinar la actuación a desarrollar. García ha anunciado que los Servicios Sociales de la Ciudad se pondrán a disposición de los vecinos para recibir las ayudas pertinentes destinadas a alquiler en caso de que cumplan los requisitos para ello.