El Gobierno aprueba el procedimiento para reubicar a los menores inmigrantes

El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros un Real Decreto que regula el procedimiento y las actuaciones necesarias para la acogida de menores inmigrantes no acompañados. La normativa ha sido promovida conjuntamente por los Ministerios de Juventud e Infancia, Interior, Política Territorial y Memoria Democrática, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, , y responde a la situación de presión que viven territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha subrayado que el decreto "busca poner en el centro del interés superior de los niños y de las niñas, así como, por supuesto, también sus derechos". Alegría ha insistido en que se trata de una norma necesaria para dar respuesta a una realidad humanitaria que requiere el compromiso institucional de todas las administraciones públicas.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha explicado que con esta medida "avanzamos en la protección de niñas, niños y adolescentes que llegan a nuestro país solas y solos, a menudo tras vivir situaciones extremas y perder a quienes les cuidaban". Rego ha destacado que la infancia inmigrante no acompañada "se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad y debemos velar por su atención y sus derechos".

Según ha informado su ministerio, la normativa desarrolla el Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el pasado 18 de marzo, y prioriza la protección de estos menores mediante "un sistema eficaz, coordinado y ágil que involucra a todos los territorios y administraciones, con el apoyo y la financiación del Gobierno central".

Rego también ha hecho hincapié en la necesidad de afrontar esta cuestión desde una perspectiva de responsabilidad común: "Ponemos en el centro tanto el interés superior de los niños y niñas, así como sus derechos, frente a resistencias partidistas y racistas". En este sentido, ha recordado que el sistema no solo protege a la infancia inmigrante, sino que "también apoya a los territorios de llegada que acogen a la mayor parte de la infancia migrante, como es ahora el caso de Canarias, Ceuta y Melilla". Para la ministra, "se trata de una cuestión de país y como tal debe ser abordada".

Un sistema de traslado ágil con tutela garantizada

El decreto establece que los menores que lleguen a territorios declarados en situación de contingencia migratoria extraordinaria deberán ser reubicados en un plazo máximo de 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. También se priorizará el traslado de aquellos menores que ya se encuentran en dispositivos de emergencia, y se fija un plazo de un año para ejecutar los traslados ya pendientes, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley aprobado en marzo.

Además, el texto define con claridad las responsabilidades del Estado y de las comunidades autónomas, incluyendo aspectos como la declaración de situaciones de emergencia, los territorios de destino y la instrucción, tutela y custodia de los menores.

El sistema también contempla la financiación por parte de la Administración General del Estado. Las comunidades y ciudades autónomas deberán remitir antes del 15 de enero de cada año datos relativos a su capacidad de acogida al Ministerio de Juventud e Infancia. Asimismo, se prevé la creación de mecanismos bilaterales para garantizar la coordinación entre administraciones públicas.

Llamamiento a las CCAA a cumplir con la ley y aplicar "humanidad"

Preguntada por la posibilidad de que algunas comunidades autónomas rechacen la acogida de menores inmigrantes, Pilar Alegría ha lanzado un mensaje claro a los gobiernos regionales del Partido Popular: "Yo me niego rotundamente a pensar que las comunidades autónomas del Partido Popular no cumplan con la ley. Es una ley de obligado cumplimiento para todos".

La portavoz ha defendido que "además en estos momentos están hacinados y merecen ser atendidos en los distintos territorios con todos los derechos, como niños y niñas menores que son", y ha subrayado que sería inaceptable que los gobiernos autonómicos populares "cometan una ilegalidad" o que "se comporten de esta forma tan inhumana".

Alegría ha denunciado además el "continuo boicot y ese continuo bloqueo" que, según ha afirmado, "las autonomías populares llevan ejerciendo durante todo este tiempo", y ha acusado al PP de sentirse cómodo en "ese discurso de racismo y de odio hacia estos niños".

La ministra ha concluido con un llamamiento tanto legal como ético: "Ahora tienen la obligación de cumplir con la ley y sobre todo de atender humanamente a estos niños y a estas niñas. Aplicar la ley, pero si me permiten también, sobre todo aplicar humanidad, porque aquí se pone muchas veces el acento en esos niños migrantes, pero es que antes que migrantes, sobre todo, son niños y niñas menores de edad. Así que, por favor, además de cumplir la ley, humanidad".

Según ha avanzado Rego, los primeros traslados están previstos para finales de agosto, una vez el Ejecutivo apruebe un segundo Real Decreto que establecerá la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y su correspondiente financiación.