El Gobierno prevé dar luz verde mañana a la ampliación hasta el 30 de septiembre del periodo de percepción del "bono social" y de la garantía de suministro de energía eléctrica, gas y agua, según han informado fuentes del Ejecutivo, que prorroga así iniciativas puestas en marcha como "escudo social" frente
a la crisis de la Covid-19. Estas son algunas de las medidas incluidas en una batería de seis iniciativas que el Ejecutivo prevé aprobar en su reunión de este martes, y que incluyen también la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, que se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre por un periodo de 6 meses (con las mismas condiciones). También se amplía el plazo solicitud de la moratoria arrendaticia, para el caso de grandes tenedores o empresas públicas, según las mismas fuentes, que precisan que está previsto que se pueda solicitar hasta el 30 de septiembre de 2020 el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. Hasta el 29 de septiembre se podrá solicitar la moratoria de deuda hipotecaria, y su funcionamiento será secuencial respecto de la moratoria que el propio sector bancario ha puesto en marcha (3 meses de moratoria legal más 9 meses de moratoria del sector bancario). Según las fuentes del Gobierno, también está previsto que se apruebe en este paquete de medidas la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria. La garantía del suministro de energía eléctrica, gas y agua se amplía hasta el 30 de septiembre y, asimismo, con el objetivo de homogeneizar las medidas del "escudo social" se amplía el periodo de percepción del bono social.
Medidas para personas con discapacidad
El Consejo de Ministros tiene previsto además abordar este martes la reforma civil y procesal que elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, cambiando el sistema legal actual por otro que prioriza el respeto a la voluntad y a las preferencias de estas personas. Según ha anunciado el Ministerio de Justicia, la tramitación de esta reforma legal vuelve por segunda vez a la mesa del Consejo de Ministros, interrumpida por la convocatoria de elecciones, y cuenta con todos los informes preceptivos, por lo que se intentará tramitar con rapidez y con el mayor consenso posible. El proyecto de ley pretende dejar atrás la incapacitación entendida como un estado civil e introduce importantes cambios en la regulación de las instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad. La iniciativa legal, que incluye la reforma del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la del Registro Civil y la ley de Jurisdicción Voluntaria, elimina la incapacitación judicial y promueve su capacidad de obrar. Para ello, incorpora un modelo de apoyo a la persona que pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, conocida como capacidad de obrar, entre otras medidas. Las organizaciones de la discapacidad destacan que se trata de "la mayor reforma del Código Civil de la historia" y confían en que "la discapacidad será un elemento de cohesión política". "Es una reforma transversal, de derechos humanos, no partidista, que puede y deber ser compartida por todo el arco parlamentario", destacan a Efe desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). La normativa regula las instituciones de la curatela y el defensor judicial y reserva la tutela a los menores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad. La reforma afecta también a otras normas relativas al derecho internacional privado, a los actos relativos a la nacionalidad, el matrimonio o la filiación, así como a algunas reglas del Derecho de sucesiones y de contratos. Desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad firmada en Nueva York en 2006, los estados han hecho adaptaciones de sus ordenamientos jurídicos, como España. Este tratado proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que todas las demás, y conmina a los estados a proporcionar los apoyos pertinentes que estas personas puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica para impedir que se produzcan abusos y vulneración de sus derechos.