El director general de Recursos Humanos de la Ciudad Autónoma, Francisco Díaz, se reunió ayer con dos portavoces de cada uno de los sindicatos representativos en la Administración local (UGT, CCOO y CSI.F) para empezar a avanzar en el reto de la consolidación de empleo no fijo. El primer documento que ha hecho llegar a la parte social incluye 254 plazas susceptibles de ser incluidas en el proceso de consolidación a ejecutar durante los próximos años y 208 exclusiones, aunque el encuentro de ayer terminó, según fuentes sindicales, con el compromiso de volver a estudiar la relación para intentar ampliarla.
Las consolidaciones son los procesos para la transformación en el sector público de un contrato temporal, aunque sea indefinido, en fijo pero para su materialización se exige la convocatoria del correspondiente concurso-oposición.
Es decir, en cualquier caso los involucrados deberán superar un examen y el meollo del asunto radica en cuánto de fácil se podría poner esa parte para que después, a la hora de valorar méritos (experiencia...), que pueden pesar hasta un máximo del 40% del total, quienes ocupan las plazas actualmente tengan cierto grado de certidumbre de que van a hacerse con ellas y no a quedarse sin nada.
No convocar todas las plazas puede dar lugar, por ejemplo, a que unos empleados no fijos pugnen también con méritos acumulados por las que sí salgan a concurso-oposición en competencia con compañeros.
Entre las opciones que se están explorando de exámenes lo más fáciles posible se está analizando si sería posible excluir todo apartado teórico y plantear exclusivamente supuestos prácticos, aunque tal planteamiento podría no ser viable legalmente.
La Ley de PGE de 2017 contempla la Estabilización de Empleo temporal sobre tres supuestos en los que se permite la convocatoria en turno libre de un número superior a la tasa de reposición para plazas ocupadas por personal con una relación de servicios interina o temporal. Uno de ellos alude a plazas que desde una fecha anterior al 1 de enero de 2005 hayan venido estando ocupadas ininterrumpidamente de forma temporal.
La Sección Sindical de UGT en la Ciudad reiteró ayer en una nota a los medios que irá al Juzgado si se resuelve el “fraudulento” concurso convocado para cubrir el puesto de Oficial Mayor por el sistema de libre designación, para el que el Consejo de Gobierno acordó rebajar la calificación exigida a la categoría más baja, la de tercera, que es la destinada a pueblos de menos de cinco mil habitantes.
“Resulta evidente la contradicción de un Gobierno que dice defender una amplia autonomía cuando se trata de nombrar todos los cargos que estime convenientes y que a la vez degrada la categoría de nuestro ayuntamiento con el evidente interés de colocar a una persona con tales características”, criticó el sindicato.
Pese a que UGT recurrió por la vía contenciosa tanto el acuerdo del Consejo de Gobierno como las bases del concurso, el Ejecutivo local ha seguido adelante y solo falta “la inminente resolución y posterior nombramiento de la persona para la que es público y notorio que se ha hecho el proceso a medida obviando los elementales principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”. Los Servicios Jurídicos de la central ya tienen “redactada y lista” una demanda para presentarla ante la jurisdicción penal por considerar que se incurriría “en una flagrante prevaricación” contra todos los miembros del Gobierno que votaron a favor y quien firme el referido nombramiento.
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