El Gobierno de Pedro Sánchez anuncia una estrategia acorralado por los flujos migratorios

El Gobierno prepara una estrategia para "evitar" que los migrantes se lancen en patera con destino a Europa a través del mar, con medidas que permitan regular de manera "segura, ordenada y legal" esas llegadas, que siguen aumentando y han registrado un trágico récord: 1.064 migrantes murieron en 2018.

El anuncio de esa estrategia y con ese objetivo lo ha hecho la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, en una semana en la que la sociedad civil ha reclamado con insistencia que se permita a los barcos retenidos en puertos españoles Open Arms y Aita Mari navegar para practicar rescates en el Mediterráneo.

Cada día, nueve personas mueren ahogadas intentando llegar a Europa a través del Mediterráneo. Al menos, 1.064 inmigrantes han muerto o desaparecido en la denominada Frontera Sur española durante 2018, una cifra que supone cuatro veces más que el año anterior y el mismo número que la suma de los últimos cinco años, ha alertado la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Esta organización ha certificado 499 muertes y otros 565 siguen desaparecidos tras naufragios de embarcaciones que intentaban llegar a las costas andaluzas, Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias y el levante español, zonas a las que llegaron 64.120 inmigrantes, más del doble que el año pasado y el número más alto desde que existen registros.

Una cifra de fallecidos solo fue superada en 30 años de migración en 2006 con la "crisis de los cayucos" y que sobrepasa todos los asesinatos provocados durante décadas por ETA.

Ya no hay barcos en el Mediterráneo de ONG para rescatar a los migrantes. España no autoriza al Open Arms ni al Aita Mari a salir al mar y están parados en los puertos de Barcelona y de Pasaia (Guipuzcoa). Italia también tiene bloqueada la embarcación de la ONG Sea Watch en el sur de Sicilia, que desembarcó el 31 de enero a 47 inmigrantes.

Con el respaldo de 140.000 firmas, los responsables de las oenegés Open Arms y Salvamento Marítimo Humanitario han pedido a Fomento el desbloqueo de sus barcos para seguir rescatando a personas en la ruta más mortífera del mundo, reclamando al Gobierno una rectificación de su política migratoria.

Salvamento Marítimo, dependiente también de Fomento, ha intensificado sus rescates. Casi 50.000 inmigrantes que viajaban en 2.338 pateras fueron rescatados en 2018, explicó este jueves en el Senado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

"Un país que a través de sus servicios de rescate salva en 2018 a casi 50.000 personas es un país que tiene un alto sentido de la solidaridad, no hay ninguna duda de eso", aseveró el responsable de Fomento en la Cámara Alta.

La secretaria de Estado de Migraciones ha adelantado que el Gobierno trabaja en una estrategia que implica varios ministerios para que haya menos personas arriesgando su vida en el mar.

Por ejemplo, con la contratación en los países de origen de migrantes para campañas agrícolas, como la de la recogida de frutos rojos para la que el Ministerio de Trabajado ha autorizado un contingente de 19.000 trabajadores, dijo Rumí.

Además, "la inmigración puede ser una oportunidad" para cubrir sectores de trabajo en los que las empresas necesitan perfiles que no coinciden con el de las personas desempleadas en España, añadió la responsable de Migraciones.

Mientras tanto en Europa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha promovido una mayor cooperación de la Unión Europea (UE) con Marruecos, como socio fiable del bloque en el flanco sur del Mediterráneo.

"La necesidad de resolver los flujos irregulares y transformarlos en migración segura y ordenada implica una cooperación al desarrollo evidente y efectiva entre Europa y África", defendió este jueves en un consejo informal de titulares europeos de Interior celebrado en Bucarest.

Por ello, consideró que la mejor forma de evitar futuras crisis migratorias es apostar por una cooperación en el ámbito económico que permita mejorar la situación de la población en el continente africano.

En ese foro, los estados comunitarios estudian acuerdos temporales para responder a la llegada de buques cargados de migrantes y refugiados a través del Mediterráneo y evitar las constantes disputas a la hora de encontrar un puerto de desembarco.

España no se ha opuesto a esos mecanismos de colaboración, pero pide que incluyan todos los rescatados, tanto por barcos de ONG como por los buques de Salvamento Marítimo de cada estado.

El ministro del Interior argumentó que sería injusto no incluir ese criterio porque España cumple las obligaciones internacionales llevando a cabo salvamentos con buques estatales y tendría que asumir también a migrantes rescatados por oenegés o pesqueros en otras partes del Mediterráneo.

"España es un país que cumple con sus compromisos internacionales y no puede ser que el país más solidario resulte perjudicado", afirmó el responsable español.