El
Gobierno de Ceuta y los grupos de la oposición (salvo Vox, que no acudió ayer tampoco, por enésima vez, a una convocatoria de Comisión Informativa) seguirán negociando el próximo martes el contenido del
nuevo Reglamento de Alojamiento Alternativo que la consejera de
Asuntos Sociales, Dunia Mohamed, prevé elevar este mes al Pleno para su aprobación inicial.
Una vez alcanzado, según las fuentes consultadas, un principio de acuerdo entre el PP y el PSOE que ha permitido, por ejemplo, rebajar de tres a dos los años de empadronamiento mínimo que se pretenden exigir para acceder a
ayuda al alquiler, el diputado de Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, insistió ayer en que en la última versión del texto deben pulirse mejor algunos detalles como los relativos a la Cédula de Habitabilidad o la disposición de determinadas propiedades como un coche para poder ser beneficiario, así como no “criminalizar” a los solicitantes.
El borrador inicial de nuevo Reglamento, elaborado tras años de espera, ya ha flexibilizado varias de sus premisas de partida. Así, por ejemplo, se acortará a 12 meses (en lugar de 18) el plazo a los usuarios que, una vez extinguida la prestación, quieren volver a solicitarla, exceptuando el tiempo de carencia para aquellas extinciones motivadas por una mejora económica, previo informe técnico, que justifique la necesidad de reingresar en la prestación.
Además, la
percepción de la ayuda durante un máximo de cinco años seguidos se podrá salvar para determinados colectivos como las unidades de convivencia formadas exclusivamente por mayores de 65 años y las familias en las que al menos uno de sus miembros padezca una enfermedad grave de carácter progresivo, irrecuperable, o con deterioro absoluto.
La ayuda también será indefinida para las unidades de convivencia cuyo miembro principal que obtenga ingresos haya sido diagnosticado de una incapacidad grave que le imposibilite al acceso al mercado laboral, sin que otro integrante de la unidad familiar pueda conseguir rentas.
La Ciudad destina este año 1,5 millones de euros al pago del alquiler y la prevé incrementar esa cifra en 250.000 en 2023 para aplicar el nuevo Reglamento, así como reservar otros 20.000 para alojamiento por emergencia.