El Gobierno no tiene intención de paralizar las encomiendas de gestión a Tragsa, a pesar de las quejas de la asociación de Constructores, que reclaman más adjudicaciones de las obras que se vienen desarrollando en la ciudad.
“Pueden pedir que se retiren, pero solo cumplimos la ley, las encomiendas están ajustadas a derecho y no se nos puede exigir que retiremos algo que es perfectamente legal”, recalcó el portavoz del Ejecutivo local, Jacob Hachuel.
El hecho de anular las encomiendas no es garantía, apunta Hachuel, de que los contratos se adjudiquen a las empresas locales y ha apuntado a los problemas surgidos en ocasiones. “En muchas de las licitaciones realizadas, más de las deseables, se han producido incidencias que han llevado a demorar la ejecución, anularla o incluso rescindir el contrato”.
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