El Gobierno presentó ayer un informe en una reunión de la Comisión Local de la Vivienda en relación a una denuncia presentada por uno de los 5 empleados de la sociedad municipal que están investigados en el ‘caso Emvicesa’. Niega las acusaciones vertidas por este empleado, quien manifestaba que había recibido órdenes verbales de la anterior gerente, Kissy Chandiramani, actual consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, para que determinados ciudadanos que tienen vivienda en la promoción de las 317 VPO no tuvieran la obligación de estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda.
En el informe que ha sido presentado en esta reunión de la Comisión Local de la Vivienda por parte del presidente del Consejo de Administración y consejero de Fomento, Néstor García, se establece que las personas afectadas por estas órdenes no tenían obligación de estar inscritos en el Registro de Demandantes de Viviendas, debido a que los mismos forman parte de cupos independientes del general.
En el escrito se especifica que esas familias forman parte de los denominados ‘cupos singulares’, como los de violencia de género, discapacitados, del plan de alquiler de viviendas que tiene la Ciudad Autónoma o de actuaciones urbanísticas. El informe ha sido remitido con posterioridad tanto a la juez que instruye el ‘caso Emvicesa’ como a la Policía Nacional.
A esta reunión de la Comisión Local de la Vivienda, además de los integrantes del Gobierno han acudido únicamente Caballas y Ciudadanos.
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