El
Gobierno local de Ceuta ha emitido un comunicado tras la denuncia realizada por la mañana por
UGT, Comisiones Obreras y CSIF. Los sindicatos aseguraban que la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública de Ceuta, Kissy Chandiramani, habría dictado por decreto que se revisase el resultado resuelto por el tribunal de unas
oposiciones de promoción interna de
Servicios Tributarios. Sobre el particular la Ciudad niega tales acusaciones mediante la siguiente argumentación. Por un lado aseguran que "en dicho procedimiento no ha existido ningún tipo de injerencia política o interés de beneficiar a alguno de los aspirantes por encima de cualquier otro" y que "la titular de la Consejería de Hacienda,
Economía y Función Pública y presidenta del OASTCE, la consejera Kissy Chandiramani, se limitó a refrendar, de acuerdo al procedimiento establecido, la decisión que, previamente, habían adoptado técnicos del OASTCE en relación a las alegaciones presentadas contra la resolución, de fecha 19 de octubre de 2021, del Tribunal Calificador del mencionado procedimiento selectivo". Además, continúa el comunicado de contrarréplica a los sindicatos argumentando que: "El informe realizado por un técnico del OASTCE estimaba en su totalidad una de las alegaciones y parcialmente la otra de las presentadas, debiendo ser anulada, en consecuencia, la referida resolución del Tribunal Calificador al considerarse contraria al ordenamiento jurídico". El último de los puntos que aclara la Ciudad sobre este caso es que la estimación de las alegaciones supuso "la readmisión en el ejercicio de la fase de oposición de una de las preguntas contenidas en uno de los supuestos; la anulación, por ser contrarias a las bases de la convocatoria, de tres preguntas de otros tantos supuestos (debiendo ser sustituidas por las preguntas de reserva correspondientes); y la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la corrección del ejercicio de la fase de oposición realizada por el Tribunal Calificador en su sesión celebrada el 14 de octubre de 2021". Esta es la respuestas después de que los sindicatos hayan calificado la actuación que denuncian como "sin precedentes en la Ciudad" tras asegurar que “ataca a la independencia y a la capacidad de los
tribunales de oposición para tomar decisiones”.