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El Gobierno de la Nación, tras el histórico salto a la valla de Ceuta: "Estamos preocupados por la agresividad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado por primera vez del histórico salto a la valla de Ceuta que se produjo durante la mañana de este jueves. No se ha referido explícitamente a él, pero a preguntas de los periodistas ha trasladado a la ciudadanía que el Ejecutivo ya está trabajando en que la gestión de los flujos migratorios "sea lo más controlada posible".

Lo ha hecho en la capital de Portugal, en Lisboa, al término de la Cumbre de Interconexiones Energéticas. "El planteamiento que se ha hecho en el mes y dos semanas que llevamos al frente del Gobierno de la Nación es poner en marcha los acuerdos bilaterales con los países de tránsito y de origen", ha manifestado.

Al mismo tiempo, Sánchez también ha recordado que la mayoría de los centros de atención a la inmigración "ya existen", por lo que "el desafío que tiene ahora España" tiene que ver "más con la gestión de un flujo migratorio que efectivamente ha desbordado expectativas".

30 millones al plan de emergencia para reforzar la atención a inmigrantes en las costas españolas

Son las primeras palabras sobre migración del presidente Sánchez tras el histórico salto a la valla de Ceuta que se produjo este jueves y con el que más de 600 inmigrantes de origen subsahariano lograron el pase fronterizo. Sin embargo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha tenido lugar este viernes, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ya anunció que el Ejecutivo dotará con 30 millones de euros al plan de emergencia en el que ya se está trabajando para reforzar de forma "inmediata" su atención.

Valerio, quien también se mostró "especialmente" preocupada "por la agresividad" que mostraron los inmigrantes durante este salto, ha dado su agradecimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actuaron, así como a las ONG que ofrecieron asistencia a los heridos.

"Estamos preocupados y ocupados en buscar soluciones", sentenció, insistiendo eso sí en que este asunto "convoca a toda la Unión Europea". A su juicio, hay que trabajar en los países de origen y, en el caso de España, se trata de un país de tránsito y que necesita "ayuda".

Al igual que la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, o el propio ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vuelto a acusar a la anterior administración, la de Mariano Rajoy. Valerio destacó que el Gobierno está "tomando medidas" en materia migratoria y no "mirando hacia otro lado, como hizo el anterior". En este sentido, ha incidido en que la intención de su Ministerio, del de Interior y Fomento es "reforzar todos los dispositivos que están operando en las costas".

Más reacciones políticas al salto a la valla en Ceuta, también entre la oposición

Si durante la tarde de este jueves fue el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien apuntó que los discursos políticos sobre migración tenían que ser "tajantes" con la inmigración ilegal, este viernes han sido los diputados de Izquierda Unida, Alberto Garzón y Eva García Sempere, quienes han presentado una batería de preguntas al Congreso de los Diputados interpelando al Ejecutivo central sobre lo ocurrido en Ceuta.

Las suyas se han centrado sobre las devoluciones en caliente que filmaron las cámaras de FAROTV y de las que se han hecho eco numerosos medios, obligando al propio ministro de Interior, Grande-Marlaska, a intervenir en la cadena Ser durante la mañana de este viernes para defender las actuaciones de la Guardia Civil, que se amparan en la "legislación vigente".

Por su parte, el coordinador federal de IU, Garzón, criticó que Grande-Marlaska justificase estas devoluciones sumarias, que su propio gabinete tuvo que admitir el jueves por la tarde ante la contundencia de las imágenes. "Es el mismo Gobierno del PSOE que hace tan solo unas semanas declaraba que iba a retirar las concertinas que ayer hirieron a decenas de personas".

"¿Le parece al Gobierno coherente presentar un recurso de inconstitucionalidad contra las devoluciones en caliente y, una vez está en el Gobierno, anunciar que las va a derogar para acto seguido justificarlas?", es una de las preguntas que plantea Garzón al Ejecutivo.

Las ONG españolas exigen un protocolo unificado para la recepción de inmigrantes

La llegada de los 600 inmigrantes a la ciudad autónoma también ha suscitado reacciones entre numerosas ONG, entre ellas ACNUR o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR. "Desde Acnur venimos solicitando desde hace tiempo una estrategia nacional para la gestión de las llegadas, tanto por mar como a través del procedimiento de asilo, desde una coordinación estrecha a nivel ministerial y de las comunidades autónomas", ha explicado a Efe María Jesús Vega, portavoz de la organización.

Aunque ACNUR ha señalado a esta agencia que no puede "ni confirmar ni desmentir" las devoluciones sumarias que grabaron las cámaras de FAROTV, Amnistía Internacional sí ha criticado al titular del Ministerio de Interior, Grande-Marlaska, por las mismas, y por haberlas negado después. Así, esta entidad ha vuelto a pedir al Gobierno que derogue la disposición adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana que "permite las devoluciones en frontera sin acceso al procedimiento adecuado".

"Las expulsiones sumarias y colectivas están prohibidas, de acuerdo al Convenio Europeo de Derechos Humanos y la legislación comunitaria. Cualquier alegación de expulsión colectiva debe ser inmediatamente investigada", ha asegurado en un comunicado Virginia Álvarez, experta en migración en Amnistía Internacional España.

Por su parte, los responsables de CEAR coinciden en que "es más necesario que nunca un plan de acción y un protocolo unificado", coordinado entre los diferentes actores del Estado, "para que no se vulneren los derechos de las personas que llegan a nuestro país".

En un comunicado, la organización ha sostenido que "no hay ningún efecto llamada", sino más bien un "efecto huida ante el riesgo de muerte", debido a la firma de acuerdos de la Unión Europea con países como Turquía o Libia basados en la "externalización de fronteras".

"Como consecuencia de estas políticas, se ha triplicado el porcentaje de muertes por llegadas en el Mediterráneo Central, ya que este año han muerto 6 de cada 100 personas que lo intentan. Esto hace que muchos elijan la ruta entre España y Marruecos, a pesar de que ya habrían perdido la vida más de 300 personas, más que todas las registradas durante el año pasado", han subrayado.

Para el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), dichas políticas de externalización y cierre de fronteras han puesto de manifiesto tanto la "debilidad de los programas y protocolos de recepción en costas y acogida humanitaria" como la "insuficiencia de los mecanismos de solidaridad y corresponsabilidad europeos".

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