El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha evitado este martes entrar a valorar la puesta en libertad de Javier Guerrero tras diez meses y una semana en prisión investigado por presuntos abusos sexuales de menores extranjeros no acompañados.

En una respuesta aséptica, el también titular de la Consejería de Fomento se ha limitado a decir, como cuando se produjo su detención y posterior encarcelamiento, que el Ejecutivo que preside Juan Vivas “respeta” las resoluciones judiciales y “confía” tanto “en la independencia del Poder Judicial” como “en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en este caso concreto de la Guardia Civil”.

“Poco más que comentar”, ha despachado el asunto Ramírez en su comparecencia posterior a la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno, que se ha celebrado apenas doce horas después de que este lunes a última hora de la tarde el que fuera consejero de Sanidad saliese del Centro Penitenciario Puerto II después de depositar 100.000 euros de fianza.

A petición de la Fiscalía el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta ha acordado imponerle una orden de alejamiento de las personas que tenga conocimiento que son menores extranjeros no acompañados que estén acogidos en Centros de Protección, así como en la calle o en desamparo bajo la tutela de la Ciudad y hayan alcanzado la mayoría de edad.

No podrá intentar comunicarse “por cualquier medio” ni aproximarse a menos de 200 metros de ellos, de su domicilio, de su lugar de trabajo y de cualquier otro donde se encuentren. Igualmente se le ha vetado acercarse a menos de 200 metros de cualquier Centro de Protección del territorio nacional como muy pronto hasta que la causa en la que figura como investigado tenga sentencia firme.

Otras medidas "aseguradoras"

Para intentar “asegurar” que no intente eludir la acción de la Justicia antes de que termine la instrucción de su causa no podrá abandonar territorio español (debe entregar su pasaporte en el plazo máximo de tres días y no podrá obtener otro) y deberá presentarse el 1 y el 15 de cada mes ante el Juzgado de Instrucción de su domicilio y fijar un teléfono en el que pueda ser localizado inmediatamente.

Igualmente ha quedado obligado a comunicar todo cambio de domicilio y a indicar una persona para que reciba cualquier tipo de notificación, citación o emplazamiento que se le haga.