Gobierno local acoge con prudencia el carpetazo judicial al ‘caso Urbaser’

Sin triunfalismos, pero sí con prudencia y mucha cautela ha acogido el Gobierno local el sobreseimiento del denominado ‘caso Urbaser’ después de que el Juzgado de Instrucción número 1 haya decidido el archivo, provisional –ya que cabe recurso– del procedimiento que fue denunciado hace justamente un año por el PSOE ante la Fiscalía al entender que “no se ha acreditado que haya distracción de dinero o prevaricación”.

Y es que, de momento, la Ciudad Autónoma no tiene conocimiento oficial del sobresimiento, ya que no ha sido notificado. En cualquier caso, fuentes del Ejecutivo local recuerdan que la decisión del juzgado coincide “al cien por cien” con las tesis que ha defendido en el último año tanto el presidente de la Ciudad como los portavoces (Guillermo Martínez, Yolanda Bel y Emilio Carreira) tanto cuando se les ha interpelado por el asunto como cuando han tenido que responder a las cuestiones que se le planteaban en la comisión de investigación en la Asamblea, el pasado otoño. Es decir, no había responsabilidades penales que dilucidar.
Aunque cabe interponer recurso, parece poco probable que se haga, toda vez que el PSOE, que fue quien dio traslado del tema a la Fiscalía, no está personado en el proceso judicial y no hay acusación particular. Su secretario general, José Antonio Carracao, pidió por escrito a la Fiscalía ceutí en abril del pasado año que investigara si, “de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal y cualesquiera otras normas que pudieran resultar aplicables a los hechos”, puede deducirse, un “ilícito penal” del contenido del informe realizado por el técnico de la Ciudad  Federico Cuenca en el que apuntaba la posible existencia de pagos por exceso cuantificados en ese momento en 12,5 millones de euros a Urbaser, anterior concesionaria de la limpieza pública y recogida de basuras. La Fiscalía lo que hizo fue dar traslado al juzgado de la denuncia, que es la que ha archivado ahora de manera provisional. En su denuncia, los socialistas pedían que la cantidad fuera “reclamada a Urbaser o compensada con cantidades que la Ciudad debiera a la empresa”.
El caso salió a la luz pública a través del informe que este técnico municipal había elaborado de motu propio y del que se deducía que la Administración habría abonado durante diez años un total de 15,8 millones a la empresa por amortización de maquinaria cuando en realidad ésta solamente invirtió 3,4 millones después de dejar de pagar a las arcas municipales 356.000 euros en concepto de IPSI y gastar 298.000 menos de lo contemplado en el pliego de condiciones de la concesión para la adquisición de este tipo de recursos materiales.
En mayo, la Ciudad Autónoma cerró provisionalmente el expediente de liquidación del contrato de limpieza viaria con Urbaser, desestimando reclamaciones de la empresa por importe de 9,64 millones de euros y la solicitud por parte de la Administración de la devolución de 12,5 millones de euros en concepto de amortización de maquinaria. Junto a esto, la Ciudad reconocía una deuda con la empresa de 570.000 euros en concepto de intereses por el pago de los trabajos (certificaciones) establecido en el contrato. Menos de tres meses después la Consejería de Hacienda y Economía daba por finalizado el procedimiento administrativo rebajando la reclamación a la empresa a unos 5 millones de euros, después de que la Tesorería de la Ciudad retuviera 7,5 millones para hacer frente al “previsible litigio” en el Contencioso Administrativo, que es la vía que queda abierta para dirimir las diferencias entre Urbaser y la Ciudad.
En la resolución de la administración se recoge la petición de una indemnización a Urbaser de 1,3 millones de euros por el tiempo durante el que el contrato ha estado prorrogado, algo más de un año, y durante el que se ha seguido amortizando la maquinaria cuando debió entenderse que esta ya lo estaba al término del contrato previo a la prórroga –lo estipulado era que la amortización se producía a lo largo de los diez años de duración del contrato–. A eso se suman otros 3 millones, aproximadamente, provenientes del denominado ‘factor de utilización de los vehículos’ por el que, a la vista de algunos de los informes que obran en el expediente, se ha podido producir una ‘sobreamortización’ de los vehículos.
El Gobierno siempre ha defendido, desde que se desató la polémica que la Ciudad  no ha pagado ni un euro de más por encima de lo previsto en el contrato. Y esto fue también lo que defendió en la comisión de investigación que el Pleno cerró en diciembre del pasado año con el voto favorable del PP y en contra de los dos partidos de la oposición. En las conclusiones de esa comisión se recoge que se pagó el precio del contrato “y nada más”, según expuso Yolanda Bel, y de acuerdo con el dictamen de la consultoría externa a la que se le pidió que lo examinara y que  puso de manifiesto que el precio concordaba con el coste de los servicios y con el equilibrio económico de la explotación. Eso sí, también se confirmaba que había habido una “sobreamortización” de la maquinaria origen de la polémica– y consiguientemente un enriquecimiento injusto de Urbaser que debía ser dirimido en la liquidación del contrato y reclamado a la empresa.   La vía penal se ha cerrado casi definitivamente -no parece que se vaya a recurrir, aunque aún queda por dilucidar la reclamación de cantidades entre Ciudad y  Urbaser a través de la vía de los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

Caballas pide al Ejecutivo “que no escurra el bulto” e inicie el procedimiento en el Contencioso

“Nosotros siempre pedimos que se determinaran responsabilidades políticas, pero no penales y eso es algo que hoy seguimos manteniendo, porque ha habido una gestión muy mala de la limpieza viaria y una falta de control sobre el contrato”, ha explicado el portavoz de la coalición Caballas, Mohamed Ali, para quien el sobreseimiento no debe servir para que el Gobierno de Vivas “escurra el bulto” en esta cuestión.
“Hay un desfase numérico importante en lo que se refiere al dinero que percibió Urbaser, hay pleitos pendientes entre la administración y la empresa y alguien es responsable de todo eso”, matiza. El portavoz del primer grupo de la oposición en la Asamblea espera que lo ocurrido sea “un punto de inflexión” y que sirva para que situaciones como la vivida con la anterior empresa de limpieza “no se vuelvan a repetir nunca más”.
Por eso, dice que ahora “lo que toca” es que la administración local pleitee en la vía administrativa “para no darle un duro más a Urbaser”.
Ali, al igual que el Ejecutivo local, ha acogido el  auto por el que la jueza archiva la denuncia “con la prudencia debida”.

Despejar incógnitas
“Nosotros siempre lo dijimos. Es una cuestión que debe dilucidarse en sede parlamentaria, porque el Gobierno, por ejemplo, no supo nunca aclarar por qué se incumplió el pliego de condiciones, por qué se relajó el control sobre un contrato millonario, como es la adjudicación de la limpieza pública o por qué hay documentos tan importantes como el propio contrato que a fecha de hoy siguen sin aparecer. Todo estas no son más que incógnitas  que necesitan una responsabilidad política”.
Y por todo ello, el líder de Caballas asegura que la clase política ceutí, “especialmente la que gobierna”, debe tomar “buena nota” de que adjudicaciones tan importantes como ésta deben tener identificado un responsable “tal y como exige la Ley de Contratos”, que vele por el cumplimiento del pliego de condiciones y del servicio.

Vía administrativa
Además insta a la Ciudad a mantener una posición “de firmeza” con esta empresa “que pese a haber cobrado cantidades multimillonarias de las arcas públicas de Ceuta, aún n o se le está reclamando en vía judicial”, razón por la cual sugiere al Gobierno de Juan Vivas que pleitee en el Contencioso Administrativo “con firmeza, astucia y sólidos argumentos legales para no pagarle ni un euro de más a Urbaser”.

El PSOE se congratula de que no existan responsabilidades penales

“Se ha cerrado la vía de la responsabilidad penal, pero sigue abierta la vía civil”. Así ha valorado el secretario general de los socialistas ceutíes, José Antonio el archivo del procedimiento abierto hace justamente un año y a raíz precisamente de una denuncia ante la Fiscalía del PSOE. “Por el bien de la ciudad, de la propia institución y de la credibilidad de los ciudadanos en la clase política siempre habíamos deseado que no hubiera responsabilidades penales, por lo que nos felicitamos de que así haya sido”, explicaba ayer. De cualquier forma,  entiende que el ‘caso Urbaser’ sigue existiendo  “por cuando ha habido un quebranto económico importante para la Ciudad”.
Entiende Carracao que con el sobreseimiento del procedimiento por parte del Juzgado de Instrucción “se ha cerrado la puerta a la posibilidad de que hubiera intereses oscuros detrás de todo esto”. Pero nada más, “porque tenemos que tomar la única salida hacia la certeza de que el Gobierno se ha demostrado que es incapaz de gestionar los intereses de la Ciudad, el dinero público, y que se ha producido un quebranto económico”. “Todo esto no ha hecho sino demostrarnos que estamos ante un Gobierno incapaz de gestionar dinero público, que no ha sido el gran gestor económico como el que se presenta, sino un castillo de naipes que se ha caído estrepitosamente con el ‘caso Urbaser”.
El dirigente socialista aprovecha para preguntar al Gobierno de Vivas si ha pagado alguna cantidad a Urbaser en fechas recientes “como consecuencia de los litigios que se mantienen con la empresa”.

Confianza en la política
En cualquier caso subraya que la cuestión jurídica que manda  en un caso “es la sentencia” y que el auto  “hace referencia a una parte concreta del caso que se está investigando”, en este caso, un ilícito penal. “Realmente siempre hemos desesado de que no hubiera responsabilidad penal que determinar por la confianza que los ciudadanos depositan en los políticos, pero todavía queda por determinar cómo es posible que se produjera ese desfase, que se le pagara dinero de más a la empresa que ahora sigue reclamando más aún”. Carracao desconoce cómo quedará el caso desde el punto de vista administrativo, “y aunque nos felicitamos porque no haya habido responsabilidades penales, si las hay políticas y esas deben ser asumidas”.