El Gobierno ha diferenciado entre la política migratoria que aplica el Gobierno en el trato a inmigrantes llegados a través de las vallas de Ceuta y Melilla con los que son rescatados en el mar cuando viajan en pateras. "Legalmente es muy distinto cuando se rescata a alguien en una acción humanitaria en el mar a cuando alguien asalta una frontera. Son situaciones distintas", ha manifestado Carmen Calvo, portavoz del Ejecutivo, tras el Consejo de Ministros.
De esta forma, reafirma el argumento expuesto por la delegada del Gobierno en Ceuta,
quien también ha alegado a la diferenciación entre los salvamentos en alta mar que tienen que realizar los barcos de Salvamento Marítimo, "una obligación que marca la legislación internacional, la cual obliga a llevarles al puerto más cercano", con el caso de los inmigrantes que entraron en Ceuta el pasado miércoles "utilizando una violencia inusitada".
El Gobierno ha defendido, en mitad de las críticas de partidos, sindicatos y ONG, la legalidad de su decisión de
devolver a más de cien inmigrantes llegados a Ceuta a Marruecos. Lo ha hecho por los métodos agresivos utilizados contra los guardia civiles heridos, un suceso que el Ejecutivo, tal y como ha advertido, no va a consentir más: "Estas condiciones de violencia y riesgo para los Cuerpos y Seguridad del Estado son inaceptables, por lo que hemos procedido a un
acuerdo bilateral del 1992 con Marruecos para no consentir de ninguna manera inseguridad ni riesgos para los cuerpos de seguridad en la frontera".
Calvo ha argumentado que se apoya en una política migratoria europea cuyos pilares son el respeto de los derechos humanos y de la seguridad de las fronteras y que siempre cumple escrupulosamente con la legalidad nacional e internacional.
En defensa de la Guardia Civil
En opinión de la portavoz, no es "aceptable el riesgo que corren nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad", por lo que el Gobierno, ha avisado, "no va a mirar para otro lado" en este asunto. "No es forma de tratar a nuestro país, de forma violenta", ha zanjado la vicepresidenta, quien ha asegurado que las más de 100 personas que entraron de manera irregular y "agresiva" en la frontera de Ceuta han sido atendidas "jurídicamente una a una, con todas las garantías propias de un Estado de Derecho". Con todo, Calvo ha justificado la devolución de estas personas, todas ellas adultas puesto que los menores se han quedado "aquí y se les va a atender como les corresponde", porque obedece a un convenio bilateral de 1992 ya "utilizado en otras ocasiones", por el que Marruecos debe readmitir a los inmigrantes irregulares si se demuestra que han accedido desde su frontera a España. Preguntada por si hay algún cambio desde las decisiones como la acogida del Aquarius a la
operación policial organizada directamente por Interior en menos de 24 horas, la portavoz ha manifestado que no han variado su política migartoria "ni un solo ápice": "En cada circunstancia distinta llegada país para compartir a otro países europeos la respuesta adecuada en el respeto derechos humanos y seguridad" Calvo ha matizado, en el contexto de su justificación a la devolución de estas personas, con el caso de los menores de edad. "Se han quedado aquí y se les va a atender como les corresponde". Con ellos, al igual que con las entradas en patera, también ha argumentado una diferenciación, ya que "son condiciones muy distintas" y ellos "sí están protegidos en nuestro país".
Críticas de las ONGs
El despliegue del Ejecutivo para atender y acoger inmigrantes ha sido defendido además por el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien ha criticado la "inacción y la poca humanidad" del Ejecutivo del PP con estas personas durante años. Pero diversas ONG han afeado el "cambio de estrategia" del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la inmigración y ha recelado de la legalidad de esta expulsión, ya que sospechan de que la celeridad con que se hizo, en apenas 24 horas, impidió que se cumplieran las garantías y derechos de los inmigrantes. Es el caso de Save the Children, que ha mostrado "sus dudas" de que se hayan podido identificar a menores de edad. "Lo sucedido ayer no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia", ha censurado el director general, Andrés Conde. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también desconfía de que se respetaran las garantías básicas de los inmigrantes y por ello ha denunciado ante el Defensor del Pueblo su "deportación express", ya que le preocupa que "lo que no hizo ningún gobierno anterior se haya adoptado ahora". También el director y fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha reprobado la actuación del Ejecutivo: "Lo más grave de hacer las devoluciones 'en caliente' es que si son capaces de hacer esto con el foco mediático, imagina lo que hacen en medio del mar, que todavía es peor", ha remarcado. Estas ONG se suman así a las críticas que ayer mismo vertieron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha expresado "su enorme preocupación ante este cambio de estrategia del Gobierno español" pese a que "trate de justificarlo en el marco del acuerdo con Marruecos". Amnistía Internacional fue más allá y exigió al Ejecutivo a paralizar las expulsiones exprés que se están produciendo desde España hacia Marruecos al considerar que pueden suponer "una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo". Desde Podemos, el diputado Chema Guijarro ha considerado "absolutamente escandalosas" las devoluciones colectivas y ha señalado que "difícilmente se pueden garantizar los derechos humanos" cuando se realizan "con tan poco tiempo de espera". UGT se ha sumado a la "preocupación y dudas" vertidas por las organizaciones humanitarias por la "celeridad en la sustanciación de los trámites" de expulsión, un hecho que ha calificado de "inusual" y que cree que debe explicar el Ministerio del Interior.