La Ciudad ha gastado 3,1 millones de euros en sentencias condenatorias, montante que se ha cargado a los Presupuestos y que han sido defendidos, en su amplia mayoría, por letrados de la plantilla municipal. En concreto han sido 231 designaciones de abogados de los que 203 son de la Ciudad. Se trata de expedientes abiertos por demandas.
El dato lo ha ofrecido este martes la consejera de Economía, Kissy Chandiramani, en respuesta a una interpelación presentada por el PSOE, que ha aprovechado para calificar la gestión de la Ciudad de “nefasta” y “pésima” por este tipo de consecuencias. “Hay un derroche de dinero importante”, ha denunciado.
El diputado Manuel Hernández ha aventurado que esa cifra será mayor, recordando sentencias condenatorias en sociedades municipales o derivadas de decretos en materia de personal. El Instituto de Estudios Ceutíes, ICD, Acemsa… atesoran varias condenas. De hecho Acemsa “ni se presenta a las demandas que hay contra la sociedad”, ha reprochado Hernández, cuestionándose si esto no puede ser una “prevaricación o un caso de malversación de caudales públicos”.
Hernández ha pedido la adopción de medidas urgentes para evitar estos pagos, destinando el dinero gastado en eso en otros menesteres “antes de despilfarrar el dinero de esta manera”. A esto último Chandiramani le ha acusado de “demagogo” negando cualquier tipo de “derroche”. “Nosotros nos defendemos cuando creemos que tenemos razón, no hacerlo sí sería derroche”, ha espetado.
En datos concretos, Chandiramani se ha referido a los litigios judiciales de Acemsa, en donde ha negado cualquier tipo de irregularidades. Respecto del ICD ha reconocido la problemática derivada de la contratación de monitores que les ha llevado a reconocimientos de deudas con la empresa debido a que hasta en tres ocasiones se ha intentado, sin éxito, regular esta situación.
Escandaloso. Sólo un ejemplo. Los funcionarios de esta Ciudad llevan años reclamando en el Contencioso complementos de su nómina que se le adeudan, pues bien, Recursos Humanos, incluso teniendo informes de sus propios técnicos reconociendo el derecho de sus funcionarios a las cantidades que se reclaman, no las atienden cuando las formulan por vía administrativa y a sabiendas (100% de seguridad) de que la Administración en el juzgado lo va a perder, y además que se le va a condenar en costas (“lo pagamos todos a escote”), continúa encogiéndose de hombros y como el dinero de todos al parecer no es de nadie...No soy jurista pero consulto en Google y lo que está haciendo Recursos Humanos se tipifica como prevaricación, malversación y “más cosas”. Pero sindicatos, destacados abogados laboralistas y políticos de la oposición, miran para otro lado. Saludos cordiales.