El Gobierno espera en estos días el aval del Ministerio de Hacienda sobre los 7,2 millones de euros

El Gobierno espera que en los próximos días cuente con el documento proveniente del Ministerio de Hacienda donde se confirme el compromiso del Estado de abonar los 7,2 millones de euros procedentes de los convenios del agua y del hecho fronterizo en los presupuestos estatales del año que viene.

Así lo ha confirmado el consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Alberto Gaitán, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde afirmó que “no tenemos porque poner en duda la palabra de la Delegación del Gobierno y ese compromiso del departamento ministerial”.

A pesar de la falta del mencionado documento a día de hoy, el Gobierno sigue manteniendo la fecha del próximo viernes, día 13, para aprobar en la reunión del Consejo de Gobierno el proyecto de presupuestos para el año que viene. Ahora mismo se abren dos posibilidades: si en estos días se recibe esta certificación por parte de Hacienda no se tendrá que poner en marcha el plan de ajuste que anunció el presidente Vivas en su comparecencia del pasado martes. Si, por otro lado, no llegara la mencionada certificación el futuro presupuesto deberá contemplar esa rebaja de 7,2 millones de euros en el capítulo de ingresos porque la Intervención no autorizaría el que se pudiera incluir. Luego, entonces no tendrían más remedio que realizar una alegación a las cuentas públicas en el período de exposición al público para la inclusión de esas partidas por si retrasara más de la cuenta ese aval solicitado al departamento ministerial.

Incluso, si antes del viernes llegara ese aval por parte del Gobierno se produciría una reunión con Intervención para ver si este departamento considera ese escrito suficiente garantía para que se puedan incluir las cantidades antes aludidas.

Hay que recordar que fue la delegada del Gobierno quien comentó el pasado jueves que ante el compromiso verbal que la ministra de Hacienda le había dado a ella misma, el presidente Vivas pidió que por motivos de inclusión en los presupuestos necesitaban de un documento escrito por parte de la Administración General del Estado.

Igualmente establecer que ese plan de ajuste anunciado por el presidente Vivas tenía tres apartados concretos: reducción de un 30% del coste de los directores generales y personal eventual, supresión de todos los gastos derivados de competencias que no son de la Administración y sobre los que no hay convenio (zona de embolsamiento y Tarajal II) y otras partidas que también tendrían una reducción importante.