El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo para modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a futuros ejercicios, con el fin de posibilitar al
Imserso la contratación de varios servicios y la prórroga de contratos en los centros de Ceuta y
Melilla. En concreto, se autoriza la realización de contratos para atender el programa de termalismo, del 1 de octubre de 2021 al 31 de diciembre de 2022, y el programa de turismo, por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de agosto de 2022. Además, se da luz verde a la prórroga extraordinaria del contrato de gestión de servicios múltiples complementarios del Centro Social de
Mayores de Ceuta, desde el 1 de junio de 2021 al 28 de febrero de 2022; la contratación del suministro de energía eléctrica en el centro de mayores ceutí; la contratación del servicio de mantenimiento de la climatización en la Dirección Territorial de Melilla; y la contratación del servicio de consultoría en la dirección territorial melillense. El Consejo de Ministros además ha autorizado la tramitación anticipada de la contratación de 100 plazas en el centro asistencial de Melilla, con un nuevo contrato de tres años de duración, entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de enero de 2025.
Servicio de mantenimiento de ascensores del centro de mayores
También se han autorizado las prórrogas del contrato de suministro eléctrico de la Dirección Territorial de Melilla y del contrato del servicio de mantenimiento de ascensores del centro de mayores de Ceuta. El resumen de las cantidades anuales de las diversas actuaciones es el siguiente: 97.899.326,38 euros en 2022; 6.531.104,07 euros en 2023; 1.215.082,15 euros en 2024; y 202.477,84 euros en 2025. El Imserso es una de las entidades gestoras de la Seguridad Social de España responsable de la gestión de los servicios sociales complementarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social, de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, así como del ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado en materia de personas mayores y en materia de personas en situación de dependencia.