El Gobierno de la Ciudad ha mostrado una postura dubitativa respecto al requerimiento que presentaba CCOO a la delegada del Gobierno para que transmita a la Administración central la necesidad de incluir en el decreto por el que se fije el Salario Mínimo Interprofesional para 2019 el plus de residencia del 25% para los trabajadores de Ceuta y Melilla.
Una cuestión que la propia delegada, Salvadora Mateos, considera aceptable y ha accedido a hacérsela llegar al Gobierno de la Nación pero que, sin embargo, la Ciudad ponía en tela de juicio y advertía sobre las posibles consecuencias con la que puede ir acompañado.
“Habría que estudiar de forma muy detallada a ver si es viable, factible y positivo su aplicación, ya que se pueden llegar a tomar unas decisiones que después causen más perjuicios que beneficios”, opinaba el portavoz del Gobierno, Jacob Hachuel. Por ello alentaba a los agentes sociales a que realizasen un análisis detallado del mismo para contemplar tanto los beneficios como los perjuicios “porque puede repercutir en el empleo, y en pequeñas y medianas empresas”, apuntaba Hachuel.
No obstante, mostraba su actitud de apoyo respecto a todas las medidas cuyo fin sea el de fomentar y aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores: “Es difícil oponerse”, decía. Una postura que reiteraba el presidente de la Ciudad, Juan Vivas.
“El plus de residencia debe formar parte de la estructura de las especificidades económicas y fiscales de Ceuta y se tiene que manifestar de la misma forma tanto en el ámbito público como en el privado”, expresaba. Por ello, recordaba que el Gobierno aprobó recientemente una propuesta en el Pleno para que se introdujera la cobertura normativa y que garantizase la aplicación de ese plus de residencia.
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