El proyecto afecta a uno de los cinco conjuntos históricos reconocidos en la ciudad, además de a dos Bienes de Interés Cultural
Desde que se conoció la intención del Gobierno de la Ciudad de llevar a cabo una ambiciosa reforma en la Avenida Sánchez Prado, han sido varias las voces que se han alzado contra la puesta en marcha de este proyecto, en algunos casos bajo la argumentación de un elevado coste económico, tal y como argüía Caballas. En el caso de la asociación ecologista Septem Nostra, su argumento se sienta sobre la premisa de la inexistencia de un Plan especial que estudie las actuaciones a acometer sobre el que está considerado uno de los cinco conjuntos históricos locales y que en este caso comprende el entorno desde el Foso de la Almina hasta las Murallas Reales. “Estamos hablando de un conjunto histórico protegido sobre el que no se puede actuar sin un plan previo”, sentencia el presidente de Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera. Al no contar con un reglamento propio sobre patrimonio, la ciudad se rige por la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español que en su artículo 20 aclara que “la declaración de un conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el municipio de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística”.
La Catedral y la Basílica Tardorromana también estarían afectados por la obra
Pérez Rivera recuerda que a día de hoy, el Ejecutivo local únicamente ha declarado dos planes especiales, el correspondiente a las Murallas Reales y al Almina, quedando aún por aprobar los relativos al Recinto de la Ciudad (que afecta a este proyecto) y otros dos, ambos relacionados con el Hacho y que afecta a la fortaleza y a las fortificaciones. “Hace 20 años que la Ciudad tiene pendientes estos planes especiales por desarrollar y aún no han redactado nada”, se lamenta el presidente de la asociación ecologista para quien esta actitud únicamente responde a la “dejadez y absoluta falta de interés” por parte de la Administración. La obra que plantea la Ciudad, y que también incluye Plaza de África y Paseo de las Palmeras, no afecta únicamente a este conjunto histórico. Dentro de su entorno geográfico se encuentran sendos BIC o Bien de Interés Cultural, la Catedral de la Asunción y la Basílica Tardorromana. “Se trata de un monumento y una zona arqueológica y en ninguno de los dos casos se pueden realizar modificaciones en su entorno hasta que no haya un Plan especial de protección”, subraya Pérez Rivera. La Ciudad cuenta con una alternativa a la redacción del Plan, según apunta el ecologista, la inclusión en el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, de la normativa recogida en la Ley de Patrimonio Histórico. “Es una forma de aprovechar un plan ya existente para incluir las exigencias legislativas”. Pérez Rivera recuerda que este punto ya lo propuso Septem Nostra en su día, aunque las pretensiones de la asociación no fueron atendidas por la Ciudad.