El Gobierno de España no ha variado su posición sobre el árabe ceutí como lengua regional o minoritaria merecedora (o no) de protección institucional con el cambio de color político del Consejo de Ministros. El Ejecutivo central del
PSOE y
Podemos está “trabajando” a través del Ministerio de Función Publica y Política Territorial en la información que deberá aportarse antes del 1 de agosto en respuesta a las Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, para lo que solicitará información a las distintas regiones “sobre los avances realizados en las materias de su competencia”, pero de entrada no ve al
dariya en buena posición de partida.
Tal y como hicieron los gabinetes de Rajoy con el PP al frente de la Administración General del Estado, el Gobierno ha respondido al senador de Compromís Carles Mulet, que preguntó por la situación del árabe ceutí, que “son los Estatutos de Autonomía de las Comunidades y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla los que declaran la oficialidad de lenguas distintas al castellano en su territorio” o los que “reconocen la obligación de los poderes públicos de protección y promoción de sus lenguas propias sin llegar a otorgarles el estatus de oficialidad”, como sucede con los de Asturias, Castilla y León o Aragón.
España ya excluyó hace dos años la lengua materna de casi la mitad de la población caballa de la radiografía de la situación de las lenguas minoritarias que cada cuatro años hace para el Consejo de Europa.
Lo hizp porque, a su juicio, se trata de una que “no puede considerarse” como tal “según el actual concepto legal para las mismas recogido en la Carta Europea”; que no está “situación de peligro” y que “no es en sentido estricto una lengua con una presencia tradicional o histórica en Ceuta, sino tan reciente como la afluencia de inmigrantes de origen magrebí”.
El árabe ceutí sí fue objeto de atención por parte del Gobierno de España en sus informes fechados en 2010 y en 2014 pero en 2018 volvió a la situación de 2006 sin mención alguna apelando a que “dado que el Estatuto de Autonomía de Ceuta ni reconoce como oficial ni establece ningún tipo de protección o amparo especial para el dariya, no cabría considerar incluido tal dialecto en el ámbito de protección de la Carta Europea”.
“La pluralidad lingüística y cultural forma parte de la identidad de España como nación y las Administraciones Públicas tienen el deber de respetar y de proteger las lenguas oficiales”, reseña la última toma de posición del Ejecutivo de Sánchez, que advierte que “el Estado ha expresado en numerosas ocasiones su compromiso en este sentido, desde que la Constitución Española proclama en su artículo 3.3 que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección” y que son los Estatutos de Autonomía los que deben recoger la oficialidad de las lenguas españolas distintas del castellano”.
Mulet recordó al Estado que “el estremeñu y el caló, además del darija en Ceuta y el portugués que se hable en Castilla y León, han sido reconocidos por el Consejo de Europa en su Carta de Lenguas Minoritarias, lo que su supone una instancia de trabajo al Gobierno para que estas lenguas no se pierdan”. En diciembre, el Consejo de Europa instó por última vez a España a “aclarar la situación del darija en Ceuta”.