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El Gobierno central eleva a 150 los menores a trasladar a la península

El Estado aumenta el número de derivaciones para dejar a la ciudad de nuevo en el límite establecido para declarar situación de emergencia

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que la semana pasada visitó Ceuta, ha perfilado directamente este lunes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el nuevo modelo de derivación de menores extranjeros no acompañados a la península que obligará a las CCAA a ser solidarias con las ciudades autónomas y el archipiélago.

A la espera de modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para poder materializar esa imposición, el Estado prevé trasladar al otro lado del Estrecho a 150 niños migrantes solos desde Ceuta (cincuenta más de lo contemplado inicialmente) y a 2.350 más desde las islas atlánticas.

Actualmente el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad atiende a 299 menores, con lo que se quedaría con 149, ligeramente por encima de los 132 que marcan el 150% de su capacidad máxima (88), cifra que se mantendría como límite para declarar una situación de emergencia.

Según ha adelantado el diario El País, en esa coyuntura se elevaría, primero, una propuesta de distribución a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, como hasta ahora, y si no hubiese acuerdo se aplicaría la ley.

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé repartir 125 millones de euros entre las comunidades acogedoras sobre un reparto que mantendría criterios ya ensayados en las derivaciones de 2022 y 2023: población, renta, tasa de paro, esfuerzo que cada región dedica a la acogida de menores extranjeros y dispersión de la población.

La Secretaría de Estado de Juventud e Infancia ha cifrado en 145 euros por plaza y día (52.925 euros al año) los gastos a financiar por cada menor trasladado (atención inmediata, actuaciones de información y apoyo, escolarización, inserción sociolaboral, inclusión social...). Además está dispuesta a aportar una cantidad fija en función de “el esfuerzo de acogida realizado por cada comunidad” que se establecerá “de manera proporcional y progresiva” para hacer frente a “posibles gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema y gastos estructurales, incluido el de personal”.

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