El nuevo Consejo de Gobierno, con Kissy Chandiramani y Javier Celaya, mantuvo ayer su primera reunión con una nueva amenaza judicial: el recurso planteado por Ciudadanos (C's) ante el TSJA por el pago de la indemnización por residencia a quienes son funcionarios. El portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, dejó claro ante los medios que no se va a cambiar el régimen retributivo que concede a los empleados públicos en servicios especiales, un derecho, el de percibir lo que cobraban en activo el plus por trabajar en la ciudad, que la formación naranja cuestiona.
“Impresiona que esto lo plantee Ciudadanos, un partido que a nivel nacional hace bandera de la no profesionalización de la política, pero por esta vía que abre aquí solo entrarían en la cosa pública quienes no tengan otra profesión”, lamentó Hachuel.
Si no se conservase una compensación, a muchas personas capaces no les compensaría entrar en política, ya que terminaría profesionalizándose como tal sin poder compatibilizar los trabajos.
Los consejeros no cobran lo mismo y según Hachuel el Gobierno está de acuerdo en que ello “no” es justo ni procedente pero no quiere plantear ese debate, que además exige pasar por el Pleno. “No es justo porque todos los consejeros debemos cobrar lo mismo pero ese debate ya lo tendremos”, dijo el portavoz.
De otra parte en la reunión del Consejo de Gobierno de ayer se dio el visto bueno a la adenda con Acuaes en relación al convenio que se mantiene para el secado de los fangos evitando su traslado a la península. Este tipo de explotación supone el ahorro de la mitad del dinero que suponía el traslado en barco de los mismos, cifrado en 800.000 euros.
En cuanto a la firma de convenios, se dio el visto bueno a dos de ámbito deportivo: uno por 92.000 euros con el Goyu Ryu y otro de 45.000 euros con el equipo de fútbol femenino del Camoens. A los dos se suma el mantenimiento del acuerdo con la AD Ceuta, con 170.000 euros por su competeción en 3ª División.
De corte social se ha firmado el convenio con la Fundación Gallardo por 260.000 euros, por el que se atiende a 100 beneficiarios y se mantienen doce puestos de trabajo para las personas contratadas para estos servicios.
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