El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 23 de septiembre, un Real Decreto por el que se regulará la concesión directa de subvenciones para realizar actuaciones de interés general en las ciudades de Ceuta y Melilla por importe total de 21.500.000 euros, de los que más de más de 7 millones irán destinados a nuestra ciudad, en concreto 7.191.803 euros.
El objeto de este Real Decreto, al igual que en ejercicios anteriores, es otorgar una ayuda a la financiación de ambas ciudades en las que concurren circunstancias singulares debido a su especial situación geoestratégica, tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en Ceuta en nota de prensa.
Por ello, este Real Decreto contempla la financiación del mantenimiento y funcionamiento de las plantas desalinizadoras, con un importe de 3.941.803 euros, a favor de Ceuta y de 4.058.197 euros a favor de Melilla.
En cuanto a las actuaciones sociales que serán objetivo de subvención directa tendrán unos importes de 3.250.000 euros para actuaciones en Ceuta, y 10.250.000 euros para actuaciones de carácter social en Melilla.
Ambas ciudades carecen prácticamente de los recursos de agua convencionales de los que disfrutan la mayoría de las ciudades españolas y europeas. Ello ha hecho necesario recurrir a fuentes de abastecimiento alternativas, como la desalinización del agua de mar.
"El coste de estos recursos es considerablemente más elevado que el de los recursos convencionales, razón por la cual la Administración General del Estado viene contribuyendo a su financiación", explican.
Asimismo, Ceuta y Melilla presentan niveles de desigualdad peores que la media, con tasas de riesgo de pobreza o exclusión social superiores a la media nacional y europea, por lo que es necesario acometer políticas que combatan dichas necesidades sociales.
Estas subvenciones directas tienen un carácter excepcional y se justifican porque en ellas concurren razones de interés general, social y económico.
El Estado viene contribuyendo desde hace varios años, mediante aportaciones específicas en los Presupuestos Generales del Estado, al sostenimiento financiero de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de ambas ciudades autónomas, así como a la financiación de actuaciones sociales en dichas ciudades.
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