El Gobierno exprime todas las posibilidades para defender a España de la condena impuesta por las devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla. A pesar de que
una de las promesas de Pedro Sánchez fue acabar con estas prácticas, no sólo está utilizando argumentos jurídicos del PP para defenderlas, sino que los está reforzando tras su llegada a La Moncloa: la Abogacía del Estado ha aumentado la documentación aportada en el recurso y, a pesar de que los métodos utilizados en los saltos a la valla de Ceuta este verano supusieron un salto cualitativo respecto a las entradas anteriores, en las que se practicaron las devoluciones denunciadas, utiliza las agresiones a los agentes de la Guardia Civil para reforzar el argumento de que los saltos a la valla forman parte de un "ataque violento e ilegal".
Según publica
El País, en la documentación complementaria se incluyen recortes de noticias de periódico, en concreto de The Guardian y The Telegraph, en los que se detalla el salto a la valla del 26 de julio. Con esto, el Gobierno busca poner de manifiesto "el ataque masivo muy violento sin precedentes realizado en agosto, dirigido por ilegales allanando la valla fronteriza de Ceuta, en la que varios guardias civiles resultaron gravemente heridos".
A pesar de que miembros del Gobierno se mostraron en desacuerdo con este instrumento, la Abogacía del Estado mantuvo el recurso a la sanción impuesta para espera la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En la última documentación aportada
se reproducían varios argumentos jurídicos del anterior Ejecutivo, entre los que se encontraban que los dos inmigrantes que denunciaron haber sido devueltos a Marruecos por los guardias civiles de Melilla cuando ya habían pisado suelo español. El añadido de estas informaciones estaría destinado a reforzar este punto de vista.
De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pone a la misma altura a los inmigrantes de anteriores entradas con el grupo de subsaharianos del salto de julio, del que los cabecillas
fueron localizados y juzgados. Los métodos utilizados en ese salto sorprendieron a la Guardia Civil, que acabó con
varios agentes hospitalizados: cal viva, ácido, bolas de heces... El Gobierno reaccionó ante una segunda entrada similar con la
expulsión 24 horas después de 113 inmigrantes a Marruecos, la cual fue una "advertencia" en palabras de la delegada en Ceuta. Con esta documentación da un paso más allá, utilizando estos hechos para argumentar las devoluciones en caliente anteriores, realizadas sin asistencia letrada y sin tan siquiera registrar a los que habían llegado a España.
España fue condenada en octubre de 2015 por la devolución sumaria e inmediata de N.D. y N.T., dos jóvenes de Malí y Costa de Marfil que, el 13 de agosto de 2014, saltaron la valla de Melilla, fueron interceptados por la Guardia Civil y entregados a las fuerzas auxiliares de Marruecos. Sin embargo, cinco jueces del Tribunal con sede en Estrasburgo estudiaron el recurso del Gobierno de Rajoy a la sentencia condenatoria y decidieron darle trámite, por lo que será la Gran Sala del TEDH la que revise la sentencia tras la aceptación de ese recurso por parte del nuevo Gobierno.
Diferencia entre patera y salto a la valla
Estos dos recortes no han sido los únicos incluídos por el Gobierno en el escrito enviado el 7 de septiembre. También utilizan algunas noticias que ilustran la acogida del 'Aquarius', con la que se intenta demostrar "los esfuerzos realizados este verano por el Gobierno español para dar cobijo a migrantes a bordo de los buques de las ONG que los rescataron en peligro en el mar Mediterráneo —aunque el rescate había tenido lugar bastante lejos del español aguas territoriales— y que se encontraban en una situación dolorosa debido a que no se aceptaba la entrada en los puertos más cercanos”.
En el documento, el Gobierno mantiene la versión expuesta en las últimas semanas:
diferenciar las entradas en patera de los saltos a la valla. Por último, incluye la última versión del borrador de la ONU para un “Pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular”, que distribuyó el pasado 11 de julio entre todos los Estados miembros: “Humildemente consideramos que estos documentos son pertinentes para que el análisis jurídico integral sea realizado por la Gran Sala”.
Estrasburgo condenó en agosto de 2017 a España a indemnizar a los dos denunciantes subsaharianos con 5.000 euros. La Gran Sala del Tribunal analizará el recurso y toda la documentación adjuntada el próximo 26 de septiembre.