La
devolución realizada de decenas de subsaharianos a Marruecos ha supuesto un giro radical en la política migratoria del Gobierno. Ha sido, sin duda, una operación histórica e inesperada que demuestra la relación férrea existente en la actualidad entre España y Marruecos. El acuerdo sobre el que se han sustentado las devoluciones data de 1992 y el PP no había sido capaz de reactivarlo. Es un dato fidedigno como también lo es que durante este tiempo no ha existido incremento de fuerzas de seguridad ni mejoras en la frontera.
Puede haber críticas de las oenegés, acusaciones sobre el viraje en la acción del PSOE, pero lo cierto es que el gesto emprendido se ha sustentado en una legalidad, en un acuerdo firmado que se ha conseguido aplicar.
Las últimas entradas no han ofrecido la mejor de las caras de unos inmigrantes desesperados, sí, pero cuya agresividad estaba preocupando enormemente a las fuerzas de seguridad. Arrojar cal viva y ácido está muy lejos de las formas de entrada que se habían llevado a cabo y ante esto los agentes no disponían de reacción alguna. Se preguntaban qué era lo próximo. Y esto podía ser la muerte de una persona.
El Gobierno tenía que reaccionar y hacerlo rápidamente. Se ha hecho. Y no con detenciones masivas con medios inadecuados como se estiló en otras épocas. Se ha echado mano de policías y letrados para hacer todo el trabajo dentro de los plazos legales y de acuerdo con acuerdos oficiales entre ambos países.
Puede gustar o no pero ha sido legal y ha dado sustento a una forma de actuar.
La clave está en si quedará en anécdota o será una forma de proceder habitual. Los tiempos venideros lo demostrarán.
Los inmigrantes que no han usado medios violentos están en el CETI o en la península. Otros están bajo investigación. No hay que generalizar en comportamientos pero sí ser eficaces ante una situación que no se podía permitir por más tiempo.