Como España, salvo casos puntuales, no ha tenido durante la democracia una política exterior de Estado, los vaivenes de los distintos gobiernos respecto a Gibraltar han sido constantes. Desde el cierre de la Verja en tiempos de la Dictadura (1969) a su apertura en 1982 con Felipe González (PSOE) y Fernando Morán como Ministro de Exteriores, hasta el recuperado ofrecimiento de la co-soberanía de Mariano Rajoy (PP) con José Manuel García-Margallo en el citado departamento, se han ido sucediendo iniciativas tan peregrinas como la del gobierno Rodríguez Zapatero (PSOE). Éste, contando en 2004 con Miguel Ángel Moratinos como estratega internacional, concedió que los gibraltareños pudieran sentarse en pie de igualdad a negociar con España y el Reino Unido. Hasta ese momento, la postura oficial había sido que las conversaciones sobre la Roca debían estar a cargo, lógicamente, de las dos potencias citadas. Aquella nueva situación de protagonismo para Gibraltar duró poco ya que, al tomar posesión el nuevo ejecutivo del PP, otra vez se cambió de opinión, pero ya estaban hechas importantes concesiones como la aceptación por primera vez del término frontera, un número de teléfono propio para Gibraltar, 60.000 nuevas líneas y un roaming realmente peculiar, todo ello según declaraciones en el Congreso del ministro García-Margallo*. Con respecto a la última oferta utilizada con anterioridad en varias ocasiones de hacer españoles a los gibraltareños, conservando estos su status y nacionalidad británica, ya me temí algo parecido al publicar en julio de 2016 el trabajo titulado El brexit, Gibraltar y Ceuta, en el que opinaba, entre otras cosas, que “nuestra ciudad deberá estar muy al tanto de lo que se negocie respecto a Gibraltar a partir de ahora, porque ciertas medidas pueden beneficiarnos o perjudicarnos, ya que la Roca es una importante competidora al otro lado del Estrecho. Y no cabe duda que los británicos saben cómo presionar. Pero lo triste es que, al carecer Ceuta de representación en Bruselas o Madrid, tantas veces reclamada desde estas páginas, ni lobby que presione ante las autoridades, ni gabinete de imagen, ni valoración de lo económico, ni decisión local para exigir reformas a Madrid, la ciudad española seguirá viendo como la Roca quizás consiga lo que se ha negado a Ceuta, la cual continuará hundiéndose económicamente poco a poco”. La situación económico-fiscal de Gibraltar, en el Congreso* El entonces ministro García Margallo intervino, como se dijo, en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados el 3 de septiembre de 2013 y en una larga intervención describió con cierto detalle la situación económico-fiscal de la Roca. Explicó el citado Ministro que se ha empezado a discutir sobre las prácticas que consagran un modelo económico basado en la desregulación, en la opacidad y la baja tributación, que perjudican los intereses españoles; los temas de contrabando, blanqueo de dinero y elusión fiscal. Añadió que para España Gibraltar es un paraíso fiscal y para otros se trata de un territorio offshore porque hay 30.000 sociedades, habiéndose creado 1.075 nuevas en ocho meses del 2013 y en materia de blanqueo de dinero doscientas investigaciones importantes —algunas de ellas de nombres muy conocidos— han acabado o acaban en Gibraltar. Pero añadió el Ministro que, en lo que se refiere al juego, hay veintiséis licencias y el volumen de negocios asciende a 113.000 millones de euros, el 20% del PIB. Para que nos demos cuenta de la competencia que Gibraltar supone para el puerto de Ceuta y siempre según el Ministro García Margallo, en materia de bunkering —búnker en buen español, gasolineras flotantes en nuestro lenguaje común— se producen 60.000 descargas al año; solo en los Países Bajos se produce un tráfico semejante. Pero es que en lo referente al contrabando, añade que entre 2010 y 2012 el tráfico ilegal aumentó en un 213%. La importación a Gibraltar desde España puede estimarse en 200 millones de cajetillas anuales. Y añade el Ministro que si se tiene en cuenta que hay 30.000 ciudadanos y eliminan a los niños, a los no fumadores y a otras personas que no se dedican a esto, verán que realmente las cifras no cuadran. Como le ocurre a Ceuta, Gibraltar no forma parte del territorio aduanero de la Unión Europea y, por tanto, no se aplica el IVA ni los impuestos especiales y además están exentos los beneficios obtenidos por sociedades residentes en Gibraltar, siempre que se hayan obtenido sus beneficios fuera de la Roca y desde luego, no se puede saber las personas que forman parte de esas sociedades que hacen negocios en España u otros países sin tributar por ello. En segundo lugar, tampoco es posible conocer el destinatario, el beneficiario o el titular final de estas sociedades, lo que hace difícil el control fiscal y de blanqueo de capitales. Pero es que en materia inmobiliaria, respecto a las sociedades opacas titulares de bienes, dice el ministro que hay en Gibraltar 1.100 sociedades limitadas que son titulares de inmuebles en España. Pagan el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, pero no pagan el impuesto sobre transmisiones en caso de venta, porque nadie sabe que una venta se produce si esa venta consiste en transmitir acciones y no inmuebles. Una sociedad offshore de Gibraltar puede ser propietaria de un inmueble en España y se trasmite la sociedad en Gibraltar, pero no el inmueble en España, con lo que no se abona el impuesto correspondiente. En cuanto a las gasolineras flotantes, no pagan derechos de atraque ni impuestos especiales, por lo que compiten con éxito respecto a Ceuta que no tiene un marco adecuado para competir con Gibraltar. Por todo ello, el Ministro García Margallo cita las palabras de Felipe González cuando decía que el problema de Gibraltar tiene una solución lógica, la devolución a España de un trozo de territorio español. Pero por lo visto, tan solo cuatro años después, el Ministro García Margallo parece pretender que Gibraltar conserve todas esas prebendas y opacidades que criticaba en 2013 y se le conceda además a sus habitantes la nacionalidad española (que no quieren) para que la compartan con la nacionalidad británica (que ya tienen). Y mientras, en Ceuta, sufriendo continuas limitaciones del régimen económico fiscal, afrontando un sistema aduanero insoportable y con el riesgo de sufrir los efectos colaterales a que se refiere este trabajo. Sin embargo, en vez de lamentarnos y seguir con los ofrecimientos, se podría dejar que Gibraltar goce plenamente del brexit algunos años porque seguramente pedirían volver a España en determinadas condiciones que se estudiarían. O bien, competir con Gibraltar desde Ceuta y Melilla en el bunkering, las sociedades offshore, el juego, el tabaco a precio canario y muchas cosas más, pero por lo visto es más fácil seguir actuando con la candidez tradicional. (*) Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores García Margallo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 3 de septiembre de 2013
Los posibles efectos colaterales Es evidente que, cuando cualquier político proyecta tomar una decisión, debe sopesar antes las consecuencias de todo tipo que tal decisión puede acarrear. Pues bien, el ofrecimiento de la doble nacionalidad a los llanitos podría generar consecuencias no deseadas. Ya es chocante que se siga insistiendo en el tema, cuando los propios gibraltareños han desechado reiteradamente tal posibilidad y, sin embargo, a pesar de ese rechazo oficial, se siga con el ofrecimiento a quiénes, si en última instancia lo aceptan, va a ser por puras razones económicas y solo de un modo virtual. Hay que tener en cuenta que el brexit puede traer a Gibraltar la necesidad de visado para entrar o salir de España y las habituales restricciones que soportan los ciudadanos de países no comunitarios, todo ello sin hablar del tráfico aéreo. Y ante esto, Gran Bretaña negociará obteniendo previsiblemente la anulación de dichas restricciones, con o sin co-soberanía para Gibraltar. Pero es que debemos recordar que la postura de la diplomacia marroquí respecto a Ceuta y Melilla ha sido siempre la equiparación del caso de estas ciudades con la Roca, de forma que Hassan II llegó a decir que cuando España recupere Gibraltar, Ceuta y Melilla volverán a Marruecos, sin que en el vecino país valoren en absoluto las profundas diferencias históricas entre ambos casos. Por tanto, puede ocurrir que, de acordarse esa doble nacionalidad entre el Reino Unido y España, se plantee la misma petición para Ceuta y Melilla desde Marruecos: que los residentes de ambas ciudades tengan también la nacionalidad marroquí y que en dichas plazas ondeen las banderas de España y Marruecos. Pero, igual que nuestro país ha hecho gala respecto a Gibraltar de una paciencia infinita y llena de concesiones, sin obtener nada a lo largo de más de tres siglos, es posible que nuestro vecino del sur emplee otros métodos de presión, como ha sucedido en varias ocasiones. En ese probable caso, volverían las situaciones de conflicto larvado y el gobierno español de turno debería mantener una postura firme que, como en cierta ocasión me confió Adolfo Suárez, todo dependería de lo que opinen las potencias occidentales. Y tal y como está el panorama internacional, no se puede confiar en ello. Todo esto quiere decir que insistir sobre la oferta de la cosoberanía de Gibraltar pudiera producir efectos colaterales para Ceuta y Melilla y, por ello, el gobierno de España y su anterior Ministro de Asuntos Exteriores que tan bien conoce la situación, debieron haber previsto esas posibles consecuencias y desde luego consultar con Ceuta y Melilla, antes de ofrecer cosas que pueden resultar contraproducentes para estas ciudades. Porque al final y como siempre ocurre, si aceptara Gibraltar esa cosoberanía forzada por razones puramente económicas, conservaría su status económico, la base militar con los submarinos nucleares de vez en cuando, el bunkering, sus casinos, las sociedades off shore, sus seguridades como ciudadanos británicos, los privilegios en las comunicaciones, la sanidad española, las aguas territoriales que no tiene y tantas cosas, y todo ello a cambio de una apariencia de cosoberanía.