La Ciudad Autónoma de Ceuta ha acabado por asumir que mantener el servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras en un régimen de gestión indirecta, tal y como ha operado hasta ahora, es “insostenible”.
Hasta el PP, que ideológicamente se encontraría en las antípodas de su municipalización, ha terminado por aceptar una premisa que comparten técnicos y el resto de grupos con representación institucional durante la última legislatura salvo el PSOE, que en el programa de 2019 apostaba por esa misma salida y ahora se opone, como UGT.
“Desde su punto de vista es casi normal que rechacen el cambio de modelo porque perderían poder, la posición dominante que han ejercicio hasta ahora”, reconocen las fuentes no políticas consultadas por este periódico.
Desde su punto de vista el asunto debe ser analizado “en términos de sostenibilidad económica”. El coste del servicio que presta Trace, la empresa privada más grande de la ciudad, con más de 400 trabajadores, se cifra este año en 22 millones de euros. “La concesionaria recibe dinero sin límite porque tras acudir a los tribunales la Justicia ha dictaminado que la Ciudad debe asumir el incremento de los costes laborales que se pacten en el sector, aunque en un 95% lo represente esa única sociedad”, explican.
Desde los tiempos de Urbaser, las negociaciones de los convenios se habían enmarcado siempre en una amenaza de huelga ante la que el Gobierno local acababa, de una forma u otra cediendo y asumiendo el sobrecoste consecuente. Ahora tiene que hacerlo sí o sí, un 8% este año después de que en 2022 la patronal y los sindicatos acordasen, entre otras mejoras, el pago de una cuarta paga extraordinaria completa a los trabajadores.
“Trace funciona como en una municipalización encubierta, beneficiándose de lo mejor de lo público, sector del que recibe los fondos, y de lo privado a la hora de contratar personal, etcétera”, amplían sobre una UTE que tiene como encargado general al presidente del Comité de Empresa, el candidato a la Presidencia de la Ciudad socialista, Juan Gutiérrez.
Con un servicio municipalizado los incrementos salariales deberían someterse, como el resto de los empleados públicos, a lo estipulado en los Presupuestos Generales del Estado y la Ciudad podría ordenar ámbitos en los que hasta ahora no ha tenido éxito como la selección e incorporación de trabajadores “sin cualificación”.
“La administración no puede estar siempre bajo la espada de Damocles de la amenaza de una huelga por cualquier discrepancia”, entienden en los despachos competentes.
El plan que ha esbozado Vivas pasaría una reorganización integral de todos los brazos que la Ciudad utiliza para cometidos similares (Trace, Tragsa, Obimace, Brigadas Verdes, Obimasa...) con el fin de ganar en términos de “flexibilidad” y de “eficiencia”.
La municipalización no conllevaría perjuicios para la plantilla actual de la concesionaria cuyo contrato expiró en febrero, ya que su incorporación al sector público incluiría unos complementos personales transitorios que garantizarían el mantenimiento de sus derechos adquiridos a los trabajadores. A cambio sí ganaría en “estabilidad”, según ha indicado el cabeza de lista del PP.
Termine como termine la asunción de la gestión directa del personal que ahora está en nómina de Trace, la Ciudad sí tomará las riendas de los de las tres patas del servicio, la de la base logística del mismo, que será municipal, y la de la maquinaria, que también será propiedad de la administración.
La Ciudad ya asumió a finales del año pasado la gestión directa del servicio de autobuses urbanos que durante más de medio siglo había gestionado la compañía Hadú-Almadraba, que no solo se nutría de fondos públicos sino también de la venta de billetes a los usuarios.
Recientemente ayuntamientos como el de Málaga se han decantado también por la gestión directa del servicio de limpieza.
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