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La gestión de una denuncia de acoso en la Ciudad, vista para sentencia

La titular del Juzgado de lo Social de Ceuta ha dejado visto para sentencia tras seis horas de vista oral el caso en el que se investiga una presunta vulneración de derechos fundamentales de una trabajadora de la Ciudad Autónoma en la gestión que hizo la administración de un supuesto acoso sexual y laboral en el Negociado de Información y Registro que habría comenzado durante la segunda mitad de 2021. La demandante ha dirigido su acción contra la institución como empleadora y contra su superior y presunto hostigador, el mando de la Policía Local que instruyó el expediente disciplinario que acordó proponiendo archivar y la consejera de Hacienda, que hasta mayo de 2023 era competente en materia de Recursos Humanos. Ambos han sido señalados por haber otorgado al primero “una especie de mando protector”. En total la demandante reclama el abono de una indemnización por vulneración de derechos fundamentales (imagen, integridad, discriminación por razón de sexo...) y por daños y perjuicios morales de más de 200.000 euros, así como su retorno a su destino en el Palacio autonómico, del que fue sacada cuando denunció los hechos. Durante el juicio oral de este martes las defensas han apelado a una posible prescripción de los hechos y se ha escuchado a un testigo propuesto por el superior demandado que ha dicho haber oído que los acercamientos físicos habían sido “consentidos”. El mando de la Policía Local y la consejera han asegurado no entender su involucración en el asunto más allá de haber instruido el expediente disciplinario abierto y de haber aceptado la continuidad en el servicio del supuesto acosador con un informe en contra de la Dirección General de Recursos Humanos. A petición de la parte demandante han declarado cuatro testigos, un inspector de Trabajo y una técnico de la Comisión de Igualdad de la Ciudad. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ceuta emitió en marzo de 2022 un informe en el que apreció, en base a las actuaciones realizadas por la Ciudad y las declaraciones de testigos, que existían “suficientes indicios de la existencia de un acoso sexual laboral”. “Se ha echado de menos una actuación en materia de prevención de riesgos laborales”, lamentó la Inspección, que apreció que la administración no podía “inhibirse indicando que hay procedimientos administrativos sancionadores o posibles procedimientos penales”. La trabajadora presentó a finales de 2021 una denuncia ante la Ciudad, que activó su Protocolo de Acoso. En diciembre el Comité de Igualdad concluyó que existían “indicios claros de acoso sexual/por razón de sexo”. Se incoó un expediente disciplinario sobre el superior de la demandante (que también fue removido de su puesto) que el instructor llegó a remitir a la Fiscalía, pero que después propuso archivar sin sanción. El hecho de que la Ciudad haya abierto otro expediente contra el mismo funcionario, pero por “acoso moral”, supone a juicio de los abogados de la empleada pública una voluntad de “rebajar la gravedad de las conductas descritas, constitutivas de acoso sexual”. La instructora de las actuaciones iniciadas para aclarar las causas del mal ambiente detectado en el Registro pidió en diciembre abstenerse tras recibir “agresiones verbales” del jefe de ese Negociado, separado cautelarmente del mismo, que han derivado en “una enemistad manifiesta y bidireccional” que le impide actuar “dentro de los parámetros de la más estricta imparcialidad”.

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