La gestión y administración de los fondos públicos

Hace ya unos años, se auditaron un total de 3.743 cuentas públicas, correspondientes a distintas Administraciones, pertenecientes al periodo 2000-2020, el 75,8 % de ellas concentradas en Andalucía, Valencia y Galicia. Pero tan necesario y riguroso control no impidió que en el período 2000-2008 se diera el caso de los ERE de Andalucía, en el que, presuntamente, se malversaran 680 millones de euros. Y en el 2006 se dio la operación “Ballena Blanca” en Marbella, de distinto color político, en la que, supuestamente, también se malversaron varios cientos de millones. Recuerdo que, por entonces, se acuñó aquella célebre frase de que “el dinero público no es de nadie, sino que es de todos”.

En mi caso, nunca fui político y siempre procuré que mis actuaciones, tanto particulares o privadas como las profesionales como funcionario, se ciñeran a la más absoluta neutralidad, imparcialidad objetiva y esmerada probidad, en los puestos de dirección y de especial responsabilidad que en activo desempeñé; aunque es seguro que alguna vez me equivocaría involuntariamente y cometería errores, como todos los humanos. Pero, desde entonces, siempre me ha llamado la atención esa misma frase acuñada de que, “el dinero público no es de nadie, porque es de todos”. Y es que, tal como en el primer párrafo de arriba figura escrito y leído, parece como si hubiera que interpretarlo en el sentido de que alguien podría quedarse con el dinero público para sí.

Y eso es lo que también parece sugerir el Tribunal Constitucional, con su actual mayoría parlamentaria de 7 a 4 votos, que acaba de ordenar al Tribunal Supremo y a la Audiencia de Sevilla redefinir algunas figuras jurídicas, para que sea dictada una nueva sentencia que rebaje o module las penas impuestas a aquellos imputados de hace veinte años en el caso de los ERE, toda vez que, ahora, parecen haberse dado cuenta de la severa rigurosidad con que “dicen” que se les trató por haberse llevado para ellos sólo la “propinilla” de 680 millones, con cuyo dinero público algunos se “forraron”, sin inmutarse y sin el menor rubor, y que incluso dio lugar a sendos comentarios de hilaridad del sufrido pueblo llano. A mí, el comentario que más gracia me hizo fue el hecho por aquella ingenua señora, ya bastante mayor, que, ante los medios de comunicación, refirió que algunos habían escondido, empotrados en las paredes de una vivienda registrada, fajos de billetes con los que se podía “asar una vaca”.

Y, tanto con la desaparición, entonces, de aquellas supermillonarias cantidades que se “perdieron”, como con la exoneración, ahora, de la pena a aquellos presuntos responsables de los ERE, que acaban de ser puestos en libertad por sus propios compañeros de partido, ideando para ello una ley de amnistía de tan dudosa aplicabilidad y constitucionalidad, intentando con ello borrar la memoria histórica de la corrupción, pues creo que en ambos casos hemos asistido al gran circo nacional de este querido país nuestro, viendo cómo con tanta asiduidad, los fondos públicos que son administrados y gestionados por políticos de turno, que muchas veces sólo están puestos en virtud del simple carnet de afiliación o de genuflexa sumisión al jefe, pues malgastan, dilapidan o emplean el dinero público para fines distintos de los que las normas reguladoras disponen y, cada vez en más casos, son los propios gestores, administradores o familiares los se lo reparten, a modo de como si de administrar su propia cuenta personal se tratara, confundiendo el dinero público con el privado.

Y, ahí es donde creo yo que radica nuestro mal endémico. en que, en demasiadas ocasiones, las normas se hacen para burlarlas, para incumplirlas o tergiversarlas, dejándolas deliberadamente con los suficientes agujeros anchos por los que poder luego “meter la mano en la caja”. Que, quizá, por eso fuera por lo que el Conde de Romanones, que fue tres veces jefe del gobierno, dijera a los legisladores de su época: “Haced vosotros las leyes, y dejadme a mí los reglamentos”.

Ya se sabe que la usencia, o la deliberada lasitud en el control y ejecución de los presupuestos y las cuentas públicas, pues resulta que, en un país donde no faltan los truhanes y demás desaprensivos, pues así luego nos va, que es ya vergonzoso y vergonzante encontrarse cada día con más casos de esta naturaleza; sin que por esto último que digo deban sentirse tácitamente aludidos los políticos honrados que todavía quedan, porque a ellos no me refiero, aunque a este paso, la escasa clase política honrada casi se esté quedando en una especie a extinguir.

Porque, vamos a ver, ¿dónde han ido a parar aquellos 680 millones malgastados, dilapidados o “fundidos” por la antigua Junta de Andalucía que gestó los ERE, que no aparecen y que, para más inri, estaban destinados a necesitados ‘parados andaluces de larga duración’?. ¿Por qué a los pocos responsables que se cogieron con las “manos en la masa”, se les pone ahora en libertad por los propios compañeros de partido, paradójicamente, bajo el falso subterfugio de “regenerar” la vida política?. ¿Por qué antes de ponerlos en libertad no se les exige la devolución del dinero supuestamente defalcado o, en su caso, se les hace cumplir la pena sustitutoria por los días, meses o años enchiquerados en el “trullo”?.

Resulta gracioso ver que, ahora, a quienes en su día fueron condenados, sucesivamente, por sendas sentencias del Juzgado, de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo, cuyos órganos judiciales terminaron declarándolos culpables en sendas sentencias, que tienen el valor jurídico de “cosa juzgada” y sientan la “verdad judicial,” pues ahora va su actual mayoría, anula dichas sentencias, exonerándoles de la pena y poniéndoles en libertad, los que son sus propios compañeros de partido, en un desesperado intento por borrar toda la verdad judicial sobre la ilegal apropiación de, nada menos, que los 680 millones, en descarada aplicación de la que ha sido tan manoseada amnistía, de muy dudosa constitucionalidad, también aplicada a otras conductas supuestamente delictivas, como la despenalización de la malversación, de la corrupción del “procés” y las cometidas por los CDR y el Tsunami Democrátc, etc., a cambio de favorecer a dos personas: una, prófuga de la justicia huida en el maletero de un coche, y, otra, la que fue investida.

Y, por si fuera poco, ahora, va uno que fue de los principales responsables de Andalucía, saca pecho y públicamente y con vehemencia enaltecida, sale vociferando, a bombo y platillo, que, ya era hora que se les haya hecho justicia, porque “no hubo ninguna trama, ni montaje, ni confabulación con los ERE, porque todo fue mentira”. Pero ,¿tan cenutrios nos consideran a quienes no somos políticos y nunca protestamos ni reclamamos?. ¿Acaso el hecho de que se llevaron los 580 millones de los trabajadores parados, no fue una verdad como un templo?. ¿Ha existido, o no, para acreditarlo toda una macro causa que se instruyó por aquel astronómico fraude?. ¿Es cierto, o no, que lo 680 millones han desaparecido y que nadie sabe dónde están?. ¿O es que, los Magistrados que antes enjuiciaron, juzgaron, sentenciaron y declararon tal verdad judicial, (cosa juzgada), se lo han inventado ellos todo?. Qué razón tenía aquel príncipe alemán del siglo XIX, Otto Von Bismarch, cuando aseveró que, “España es el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevan toda la vida intentando destruirlo y nunca lo han conseguido”.

En el caso de los ERE, no se trató de un caso puntual o aislado, sino de una trama organizada para tal fin, buscada de propósito y prolongada en el tiempo; han sido comportamientos sociales en general, en los que demasiados políticos que ejercen la “cosa pública”, en lugar de procurar el bien jurídico más digno de protección de los parados, a los que iba destinado ese dinero, pues intencionadamente se apropiaron para sí de dicho bien, en su propio provecho; como también en principio digo que ya existieron otros casos de color político tan graves o más, cometidos por otros partidos de signo opuesto. Porque, tanto los unos como los otros, no dejan de ser un mal mayor para el país, que hay que erradicar sin la menor contemplación. Y, ¿por qué a esos desaprensivos, pícaros y truhanes nunca se les obliga a devolver el dinero con que se han quedado? O, de lo contrario, que la devolución del dinero apropiado sea sustituida por pena de prisión equivalente al tiempo que a cada uno le corresponda, para, sustitutoriamente, permanecer en el “trullo”.

Cuando tantos políticos caen en la tentación de lucrarse a costa del Erario Público, el pueblo rápidamente cree que toda la clase política y los funcionarios son lo mismo y, por eso, luego pagan justos por pecadores; de manera que, o los políticos honrados barren a los que son corruptos, o el pueblo que está ya harto de tanta injusticia, barrerá a todos los políticos en las urnas. Y lo más lamentable es que esta serie de gravísimas irregularidades se están teniendo ya como algo casi normal a lo que debemos de acostumbrarnos. Ocurre que hay políticos, altos cargos públicos, familiares, etc, que llegan a la política convencidos de que su sólo nombramiento les da ya patente de corso para “forrarse”, vaciando las arcas públicas y haciéndose con el dinero.

Es decir, llegan al cargo sin el menor resquicio de pudor y, persuadidos en su ánimo de poder hacer todo cuanto quieran a su modo y manera, para conseguirlo, hacen todo lo inimaginable, como sucedió con los ERE, que se crearon instituciones paralelas para poder escapar a los controles, incluso desoyendo los reiterados informes oficiales de funcionarios técnicos e interventores, con tal de retorcer las normas, politizándolo todo para tener las manos libres y poder manipularlo con tanto desparpajo, para que luego, en algunos casos, gastasen parte del dinero amasado en drogas y prostíbulos.

En Grecia, Platón no se cansaba de advertir que para que la democracia fuera fuerte, era imprescindible que en ella imperaran la libertad, la justicia, y que sus dirigentes subordinaran la política a la moral. En su obra “República”, nos dejó dicho que, “el gobernante no está para atender a su propio bien, sino al bien de la comunidad”. En el Libro VIII, añade: “La riqueza almacenada destruye a los gobernantes, que empiezan por inventarse nuevos modos de ganar y gastar dinero, llegando a violentar las leyes”. Por su parte, Aristóteles también defendía con ahínco que “la política y la moral deben ir siempre unidas, y nunca separadas”. Todavía hoy sobrevive en nuestros Código Civil aquel viejo axioma jurídico que de jóvenes aprendimos en el primer curso de la carrera, en Derecho Romano, que decía que las personas debemos ser responsables y administrar los bienes con la misma diligencia y el mismo esmero y responsabilidad que en su casa lo hace “un buen padre de familia”.

En política, al menos desde el punto de vista legal y moral, no se puede entrar para servirse del cargo, sino que es a través del cargo como se debe servir legalmente a los ciudadanos, que son los que otorgan el mandato y la representación en las urnas, pero que la confieren para que los políticos administren los bienes públicos mirando hasta el último céntimo de euro. Bien entendido, que me consta que los funcionarios y también muchos políticos, por lo general, son probos y honrados, de manera que en la Administración se dan muchísimos casos de rasgos de honradez de personas responsables y honestas que son claro ejemplo de probidad, de estricta forma de proceder con seriedad y rigor y que se preocupan porque ni un solo euro sea mal gastado. A estos últimos, ruego que se den ellos mismos por excluidos.