Nuevamente el tema de la Gran Vía ha vuelto a una sesión plenaria, lo que ha conllevado a un enfrentamiento entre el consejero de Fomento, Néstor García y el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui.
Lo que menos importó fue el tema de fondo que había llevado al grupo de la oposición a plantear esta interpelación al Gobierno, que era, desde luego, la necesidad de más gastos debido a nuevos cálculos que se habían debido desarrollar.
Sin embargo, al final se terminó hablando de las bondades o no de la licitación pública y del problema con el contrato del aglomerado.
Sobre esos nuevos cálculos en la Gran Vía, el consejero de Fomento destacó que “cuando se ha tenido que ejecutar la obra, la realidad física no coincide con lo proyectado, ya que los cálculos se habían hecho partiendo de unos planos del anterior proyecto de la Gran Vía que tienen 26 años.
Se han vuelto a realizar los cálculos de estructura y se escogió una asistencia técnica para cimentaciones especiales”.
Llegó a decir que Aróstegui estaba “paranoico” con la obra de la Gran Vía porque no la ha podido frenar. Incluso fue más lejos al confirmar que “está intentando enfrentar a Tragsa con nuestros técnicos, pero no lo está consiguiendo”.
Ya en relación con el tema del contrato de aglomerado, manifestó Aróstegui que la Ciudad denigra el permiso para una planta de asfaltado, basándose en una orden del año 1964 donde en Ceuta es inviable cualquier actividad industrial.
Entonces, alude a que se saca un pliego para la traída de las bañeras térmicas en barco, pero que “con posterioridad se encuentra la fórmula para la planta de asfaltado y que, entonces, el contratista señala que no van a traer el asfalto en bañeras térmicas cuando se puede conseguir en Ceuta.
Sin embargo, se tiene que deshacer el entuerto, pero los técnicos dicen que hay un pliego y una adjudicación que se debe cumplir. Ahí entra el consejero, como padrino, para poner a negociar a las dos empresas”.
Es la versión de Aróstegui sobre el contrato de asfaltado, mientras que la versión del consejero es totalmente distinta.
Manifiesta el máximo responsable del área que se produce una licitación con una baja temeraria que dificulta la traída de las bañeras térmicas con ese precio y que se debe tener en cuenta que la planta de asfaltado aún no tiene la licencia de actividad, “pero no voy a permitir que engañe a los ciudadanos.
Estamos iniciando el procedimiento de ruptura de contrato con la empresa adjudicataria y cuando lo hagamos se hará una encomienda de gestión a Tragsa para que realice la inversión prevista”.
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