La Ciudad Autónoma se ha visto obligada a recurrir al negociado sin publicidad para intentar adjudicar un servicio externalizado de acogida de un centenar de menores extranjeros no acompañados en cualquier punto del país. La administración ya lo quiso hacer en 2019 y a finales del año pasado a través de sendos concursos ordinarios que o bien quedaron desiertos o bien no puedieron ser completados con éxito.
En la ciudad faltan dependencias para ese tipo de servicio y en el resto de autonomías las autoridades competentes solamente acreditan aquellas instalaciones que van a a atender sus propias necesidades, no las de territorios ajenos.
Ahora la administración se ha abierto incluso a no ofrece solo contraprestación económica por plaza ocupada, sino por la simple reserva de la misma, aunque no lo esté. Actualmente la presión migratoria infanto-juvenil se ha reducido de manera notable, pero la Ciudad debe ser previsora en la gestión a la espera de que se construya el nuevo centro específico comprometido con financiación europea o que se acometa la reparación de las plantas actualmente inutilizables del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza.
La única manera de gestionar con acierto esta competencia es con previsión, mirando por el interés superior del menor y con apoyo y solidaridad del Estado.
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