El consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán, ya lo es también de Menores, las competencias que Mabel Deu pidió a Vivas dejar tras su citación judicial junto a la delegada como investigadas por un presunto delito de prevaricación continuada en la expulsión exprés de 55 niños marroquíes de agosto del año pasado. La renuncia se justificó como una forma de evitar “conflictos de intereses” ante su declaración del próximo 1 de septiembre y la posible apertura posterior de juicio oral.
El BOCCE de este viernes recoge el Decreto del presidente en virtud del cual transfiere a Gaitán la “ejecución de la protección y tutela del menor, así como la de las medidas derivadas de la responsabilidad penal del menor”. También la “dirección, inspección, vigilancia, promoción, fomento y coordinación de los organismos, servicios y centros de protección y reforma de menores” y las “actuaciones en relación con los migrantes menores no acompañados, conforme establece el Protocolo Marco”.
Inicialmente esas competencias se iban a trasladar a la Consejería de Servicios Sociales, pero finalmente Vivas se decantó por dejarlas en manos del titular de Sanidad, una decisión que fue recibida con satisfacción por su “talante” en el Servicio de Protección a la Infancia, al que están adscritos cerca de 200 trabajadores, lo que lo convierte en el segundo municipal más dotado tras la Policía Local.
La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales solamente mantiene bajo su responsabilidad las competencias de Protección Civil, Bomberos y Estadística, pero presumiblemente no verá alterada su estructura política, que incluye cuatro directores generales y un asesor, dos de ellos prácticamente dedicados hasta ahora a la gestión de Menores.
Deu citó el miércoles al grupo de trabajo constituido con la oposición esta legislatura para dar cuenta periódicamente de las novedades en ese área, que no se reunía desde octubre de 2020. Allí adelantó el nuevo mecanismo estable de derivación a otras autonomías de niños migrantes solos que debería garantizar a Ceuta no tener que tutelar a más de 132 menores foráneos desamparados, una cifra que actualmente más que duplica (312).
También explicó que la construcción del nuevo centro que se levantará en Los Rosales está en fase de redacción de proyecto y cuenta con financiación europea por 6,3 millones para su ejecución.
El Área de Menores también está actualmente pendiente de la regularización de los pagos paralizados desde hace meses a las entidades (SAMU y Engloba) con las que se concertó la atención de emergencia a los cientos de menores que se quedaron solos en la ciudad tras la crisis migratoria de mayo, así como la licitación y adjudicación del concurso aprobado para externalizar la asistencia integral a un centenar en Ceuta u otro punto del país.
Con los sindicatos se constituyó otro grupo de trabajo en primavera para abordar la reforma de la plantilla del servicio que entre otras cosas debería encauzar la funcionarización del personal laboral, el régimen de contrataciones y sustituciones, la reclasificación de monitores y cuidadores y la situación de los celadores, entre otros aspectos.
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