Funcionarios protestan contra Hacienda por dudar de su residencia en Ceuta

La plataforma de afectados protagonizó ayer una concentración a las puertas de la Agencia Tributaria, que les sanciona porque considera  que no residen realmente en Ceuta.

Cerca de un centenar de personas, funcionarios públicos en su mayoría, se concentraron ayer primero a las puertas de la Delegación del Gobierno. La protesta estaba dirigida a la Agencia Tributaria pues les abre expedientes sancionadores al considerar que estos funcionarios no residen realmente en  Ceuta, beneficiándose irregularmente, por tanto, de las ventajas fiscales que la residencia en la ciudad supone. La Plataforma de Funcionarios Afectados por Hacienda niega tal extremo pues en la mayoría de los casos su residencia en Ceuta es permanente. Los convocantes de la concentración fueron la Asociación de Afectados por Hacienda, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones y la Unión Federal de Policías (UFP), pues son estos funcionarios los que reciben las “oleadas” de cartas de Hacienda que les abre expediente por los motivos citados.
Pitos, sirenas, reparto de octavillas y proclamas protagonizaron la protesta de este grupo de afectados que protestaron intensamente durante más de una hora primero en la Plaza de los Reyes para después trasladarse a la puerta lateral de la Delegación del Gobierno donde está la sede de la Agencia Tributaria.
‘Hacienda miente, sí soy residente’ era uno de los lemas de la protesta. Estos afectados consideran que no se les aplica la Ley del IRPF sino la legislación que los funcionarios de la AEAT “quieren”. “La Ciudad Autónoma se queda con parte de nuestro IRPF porque residimos en Ceuta. Al mismo tiempo, nos niega las deducciones alegando que no residimos. Nos considera residentes para su beneficio y defraudadores cuando alegamos esa misma residencia para el nuestro. La Delegación de Hacienda en Ceuta reinventa las leyes y los políticos locales del PP le hacen el coro” son los argumentos que la plataforma expuso en las octavillas que repartieron entre los viandantes.
El delegado en Ceuta de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, José María Raya, explicó a los medios de comunicación que están “hartos” de que la Agencia Tributaria cuestione su residencia, cuando no es cierto. Incluso indicó que ha habido casos en los que Hacienda alega una dirección de residencia en la península, concretamente en un solar, que “no se puede vivir allí”. “Alegan cualquier punto de la península para no considerarnos residentes”, lamentó Raya.

El artículo 72.1
Este portavoz de la plataforma se quejó de que Hacienda no acepte los numerosos documentos que aportan para acreditar la residencia en Ceuta. Documentos que sí son válidos después ante los tribunales. Raya subrayó que los casos que se están llevando al Tribunal Económico Administrativo “se están ganando”, pero dice que nadie les resarce el “sufrimiento” causado.
Raya explicó que los funcionarios de Hacienda no les están aplicando el artículo 72 de la Ley del IRPF. Aseguró que el mínimo de 183 días de permanencia para acogerse a los beneficios fiscales de Ceuta “es mentira” pues les están computando ausencias temporales de la ciudad, como puede ser el caso de periodos vacacionales. Además, el portavoz recordó que aunque no se pueda determinar la permanencia en Ceuta, la ley establece que se tenga en cuenta dónde se obtienen la mayor parte de los rendimientos del trabajo, que en el caso de estos trabajadores sus únicos ingresos son la nómina que perciben como funcionarios en Ceuta. Por último, también la ley recoge que se atienda el lugar de la última residencia declarada en el IRPF, según recoge el apartado tercero del artículo 72.1.

‘Cretino, cabrón, delincuente’, las salidas de tono de la protesta

Durante la protesta se pudieron escuchar muchas proclamas, pero las que resultaron más llamativas fueron los insultos que profirieron los congregados hacia  los funcionarios de la Agencia Tributaria. Previamente, el portavoz de la plataforma y delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, José María Raya, había explicado a los medios de comunicación que los empleados de la AEAT cobran un “plus de productividad” por cada carta que les envían, es decir, a los supuestos defraudadores. “Nos imputan una conducta defraudadora que no es real”, apuntó Raya. A partir de la recepción de esa carta, el destinatario tiene un plazo de diez días para acreditar la residencia que se pone en cuestión, pero la validez de esos documentos corre a cargo del mismo funcionario que envía la carta. “Es juez y parte”, apostilló. Aunque posteriormente el procedimiento administrativo acabe en el juzgado y el afectado lo gane, el funcionario de Hacienda ya ha cobrado un plus en su nómina por un “procedimiento injusto y falso. Los delincuentes son ellos”.