Los funcionarios no tendrán una bajada de sueldo durante la crisis del coronavirus

El Gobierno de España ha negado este martes, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que se vaya a bajar el sueldo a los funcionarios durante el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que ha negado que el Gobierno se haya planteado una rebaja salarial para los funcionarios, a los que ha reiterado su agradecimiento en la lucha contra la pandemia.

Montero, ministra de Hacienda, ha asegurado que las informaciones que indicaban esa rebaja en el salario de los servidores públicos es una "estrategia de confusión y bulo" y ha enmarcado esas noticias dentro de las 'fake news "que hay que combatir y que no beneficia a la sociedad", desmintiendo de esta manera que se les vaya a rebajar un 2% su sueldo.

"Son mas imprescindibles que nunca, en ningún momento este Gobierno se ha planteado una medida de rebaja salarial", ha subrayado Montero, que ha agradecido el trabajo de sanitarios, miembros de las fuerzas de seguridad, profesores, trabajadores sociales o los funcionarios que siguen atendiendo todo tipo de servicios públicos.

"Mantienen servicios esenciales imprescindibles para el bienestar" de todos, ha añadido Maria Jesús Montero, ministra portavoz del Ejecutivo de la Nación.

Otras decisiones del Consejo de Ministros

Estas declaraciones las ha llevado a cabo tras el Consejo de Ministros, en el que se ha solicitado autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma durante 15 días más.

Además, también el Ejecutivo ha hecho una excepción en la prohibición de viajes directos por aire entre Italia y España que está en vigor desde hace unas semanas. Y es que se modifica ese real decreto para dar la posibilidad a los españoles 'atrapados' en Italia a regresar a España por esta vía. Solo podrán llegar a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canarias, Málaga y Palma de Mallorca.

Además se ha aprobado la inversión de 25 millones de euros, destinado a ayudas que garanticen el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Se trata de niños que recibían en sus centros educativos una beca comedor, y que ante el cierre de los mismos, se encuentran desprovistos de esta comida esencial.