El fuego sin apagar de La Tortuga

• El consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, todavía debe contestar al recurso de Defensa contra la millonaria sanción que se le impuso en junio por el incendio de 2015

Tal día como hoy hace dos años, el 6 de octubre de 2015 a las 21.30 horas, el Gobierno de Ceuta dio por “extinguido” el incendio que el día anterior se había declarado en García Aldave, concretamente en el Monte de la Tortuga, el mayor de la historia reciente de la ciudad autónoma. El fuego en el monte se pudo sofocar en menos de dos días pero los rescoldos administrativos del caso siguen humeando.

Según recapitularon ayer fuentes de la Administración autonómica, el expediente administrativo abierto está “cerrado” pero el consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, todavía debe responder al recurso de reposición presentado por el Ministerio de Defensa contra la millonaria sanción que la Ciudad Autónoma acordó imponerle en junio como responsable del inicio del incendio a causa de unos ejercicios de tiro de La Legión.

Además, los militares podrían, en su caso, acudir otra vez a los Juzgados para defenderse después de que la jurisdicción castrense les absolviese el año pasado.

Antes de hacerse cargo de la Consejería de Turismo, Emilio Carreira impuso el pasado verano una multa de 1,5 millones de euros a Defensa como responsable de una “infracción muy grave” que dejó unas 30 hectáreas calcinadas. El importe de la sanción se corresponde con “la evaluación efectuada por los técnicos de los daños causados y del coste de su restauración”.

La resolución del expediente se demoró más de un año y medio porque la Consejería de Medio Ambiente lo paralizó cuando el Juzgado Togado-Militar puso en marcha una investigación al respecto que concluyó en diciembre con su archivo firme.

El incendio forestal se inició durante unas prácticas militares de tiro con balas trazadoras efectuados por efectivos de La Legión. La Ciudad activó el Plan de Incendios Forestales, primero en nivel de alerta 1 y poco después 2 ante su magnitud. Cuando el Área de Coordinación de Emergencias-Protección Civil (ARCE) y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se vieron, pese a movilizar todos sus efectivos disponibles, desbordados, su labor fue complementada con dos helicópteros del Ministerio de Medio Ambiente, uno procedente de Cádiz y otro de Murcia. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de Morón se sumaron para colaborar en las tareas de extinción.

Ante la cercanía de las llamas, algunas viviendas de la barriada de Postigo fueron desalojadas, como el CETI. Con la colaboración de Cruz Roja se activó un Centro de Atención Ciudadana en el polideportivo de Santa Amelia cuyo uso finalmente no fue necesario.

La Comandancia General tardó casi dos días en reconocer, vía nota de prensa, que “todos los indicios” apuntaban a que, “a pesar de las precauciones adoptadas”, los “ejercicios de tiro” en el Campo de El Renegado que estaba realizando una de sus unidades habían causado las llamas, que se originaron en terrenos de titularidad castrense. Además, se comprometió a repoblar la zona “en cuanto sea posible”.

“Estas prácticas, como es habitual, contaban con el correspondiente dispositivo de protección, que no fue suficiente para contener las llamas debido a la sequedad del terreno y el fuerte viento reinante”, completó la Delegación del Gobierno.

Pese a la confesión, en enero de 2016, tras saber de la apertura de un expediente y de que Obimasa cifraba inicialmente en 1,2 millones de euros, el Ministerio empezó a dar la batalla. En su escrito de alegaciones lamentó que “los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la resolución, son genéricos o abstractos” y criticó que no se hubieran incorporado “todos los informes [entre ellos los de la Guardia Civil] y demás elementos de convicción que obren y deban obrar en el expediente y que concreten y prueben los hechos denunciados”. También dijo sentirse en una situación de “flagrante inseguridad jurídica”.

El Juzgado Togado Militar Central número 2 de Madrid, en cuyo favor se había inhibido la jurisdicción civil en relación con las denuncias de Caballas y Septem Nostra, acordó en diciembre de 2016 sobreseer las diligencias abiertas de acuerdo con el artículo 141 de la Ley Orgánica 2/89 Procesal Militar porque no veía demostrada la constitución de una infracción penal por parte de Defensa.

• Defensa se obliga a confeccionar planes contra incendios forestales

Más allá de la legislación general, Defensa cuenta desde 2011 con una Instrucción sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia energética que estipula que “en aquellas actividades realizadas por razones de la defensa nacional que entrañen riesgo directo de incendios forestales, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, los Órganos Directivos y Organismos Autónomos dotarán a los territorios afectados de infraestructuras preventivas y equipos de extinción de acuerdo con los planes técnicos contra incendios aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente”. Además, exige prestar “especial atención” a la elaboración de planes técnicos contra incendios forestales y “contemplar” las medidas y acciones establecidas en la Directiva 42/2010 sobre la prevención y extinción de incendios forestales en los campos de maniobras y tiro “y demás normativa específica”.